En cuenta regresiva. Así estará la comisión de reformas electorales y constitucionales este mes, cuando le queden como máximo 36 días para emitir una nueva ley sobre el voto en el exterior que permita que más de 3.5 millones de salvadoreños de la diáspora puedan ejercer el sufragio en los procesos electorales de la nación.
La actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la Ley Especial para el Ejercicio del Voto en el Exterior o emitir una nueva, y estipuló como plazo máximo el 15 de septiembre de este año.
Ante esta resolución, la comisión de reformas electorales y constitucionales comenzó a tener los acercamientos necesarios para emitir la nueva normativa electoral.
El 27 de mayo se tuvo al primer invitado relacionado con el tema: el secretario de Innovación, Vladimir Hándal, quien conversó sobre las posibilidades del voto en el exterior vía electrónica o por internet, y dejó de lado el voto por correspondencia.
Hándal indicó en ese momento que se estaban analizando sistemas de votación electrónica que permitieran tener una idea amplia sobre cuál es el mejor para utilizarse en los procesos electorales de El Salvador.
El 24 de junio, una comitiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) explicó a los diputados la importancia de abrir el padrón electoral para los salvadoreños en el exterior y hacer del proceso algo más fácil, para que más compatriotas puedan inscribirse.
El 8 de julio, el siguiente invitado ante la comisión de reformas electorales y constitucionales fue el director general de Correos de El Salvador, Franklin Castro, quien explicó el proceso de voto postal implementado en los comicios anteriores.
«Teníamos alrededor de 5,000 paquetes electorales. Finalmente, solo se procesaron 3,500. Llegamos a mayo recibiéndolos, y la elección fue en febrero. No entendemos por qué se demoraron en llegar hasta nosotros», explicó Castro.
La fiscal electoral Alma Campos también recibió invitación para acudir ante la comisión. El 15 de julio fue su ponencia. Campos mencionó que el papel de la fiscalía electoral es garantizar que el proceso de envío, recepción y procesamiento de los votos sea acorde con lo dictado en el Código Electoral.
La subdirectora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, llegó a la comisión el pasado 22 de julio para explicar el financiamiento que desde esa cartera estatal se ejecuta referido al voto en el exterior.
Según detalló, para las elecciones presidenciales de 2019, el Tribunal Supremo Electoral solicitó $4 millones referidos al voto en el exterior.
De estos, $3 millones eran para todo lo relacionado al paquete electoral que se enviaba, $600,000 para el alquiler de inmuebles y $400,000 para el pago del personal.
Ante la disponibilidad de recursos, el Ministerio de Hacienda solo pudo desembolsar $2 millones, de los cuales $1.9 millones fueron usados para los paquetes electorales y $100,000 para el pago de remuneraciones.
Los diputados de la comisión de reformas electorales y constitucionales han dicho que con todos los insumos que diferentes funcionarios e instituciones han dejado podrán emitir una ley que en verdad garantice el voto en el exterior.
Entre los puntos que se han subrayado están la importancia de emitir el DUI en el extranjero, considerar el voto electrónico como mecanismo de sufragio y hacer que la diáspora salvadoreña pueda optar a los cargos de elección popular.
La nueva ley está pronta a ser anunciada y discutida en la Asamblea.
