Panamá pedirá la extradición por presunta corrupción de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, actualmente detenidos en una cárcel de Guatemala a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, que los reclama por la trama de Odebrecht.
«Recibimos la notificación de la jueza solicitando la detención preventiva con miras a una extradición (de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares) y nosotros vamos a proceder a darle curso a esa solicitud», dijo el martes al canal Telemetro la canciller panameña, Erika Mouynes.
La solicitud de extradición fue planteada por la jueza Baloisa Marquínez, dentro de un proceso judicial en Panamá por un megaescándalo de corrupción conocido como «Blue Apple». Ahora, la magistrada deberá entregar en un plazo de dos meses a la cancillería el sustento legal para hacer el pedido.
Los hijos de Martinelli están presos desde el 6 de julio de 2020 en Guatemala. Ambos son requeridos por la justicia estadounidense, que los acusa de blanqueo de capitales relacionado al caso de pagos de sobornos a cambio de obras públicas hechos por la constructora brasileña Odebrecht.
Primero a EE.UU.
Sin embargo, la solicitud panameña tendría pocas probabilidades de prosperar, debido a que Washington solicitó primero a los hijos de Martinelli y a que no existe un tratado bilateral de extradición entre Guatemala y Panamá, según revelaron varias fuentes.
«De acuerdo a la Ley Reguladora de Extradición se da preeminencia a los procedimientos establecidos en los tratados. En este caso, de acuerdo al Tratado entre Guatemala y Estados Unidos, se entregará al primero que lo requirió», manifestó a la AFP Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público de Guatemala.
Además, «con Panamá no tenemos tratado bilateral de extradición», indicó Pantaleón.
Argumento similar esgrimió horas antes Stewart Tuttle, jefe de Misión Interino de la embajada estadounidense en Panamá, durante una entrevista en la emisora de radio La Típika.
«Realmente esos casos se manejan simplemente por orden de prioridad, el primero (que pide la extradición) tiene el derecho de llevar al sujeto si se le aprueba, así que no estamos preocupados por eso», señaló Tuttle.
Un juzgado penal guatemalteco autorizó el 26 de mayo la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique y está pendiente la decisión judicial sobre su hermano, Ricardo Alberto.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, ambos «participaron presuntamente» en el plan de corrupción de Odebrecht, que pagó «más de 700 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno» en América Latina
En Panamá los pagos habrían sido de al menos 59 millones de dólares, de acuerdo a las acusaciones.
Acusaciones de corrupción
En el caso «Blue Apple», proceso que data de 2017, se investiga un presunto blanqueo de capitales, corrupción y asociación ilícita para delinquir, a cargo de una red que solicitaba sobornos a contratistas a cambio de licitaciones durante el gobierno de Martinelli (2009-2014).
Según la fiscalía, los acusados, entre los que están los hermanos Martinelli, crearon empresas de fachada para recibir dinero proveniente de los sobornos en 2011 y 2012. Las coimas, de hasta 10% del valor del proyecto, se depositaban en una sociedad anónima denominada Blue Apple Service.
La fiscalía acusa a los involucrados de blanquear 82 millones de dólares, de los cuales las autoridades han recuperado 32 millones mediante acuerdos de colaboración.
Si Panamá «quisiera tener la oportunidad de llevarlos a juicio» podrá hacerlo «después de que esos hombres pasen el tiempo necesario en una cárcel norteamericana por los delitos que han cometido», dijo Tuttle.
Hasta el momento las autoridades guatelmatecas no han sido aún notificadas de la solicitud panameña. «Estamos pendientes para saber el fundamento de su solicitud», afirmó Pantaleón.
Los hermanos Martinelli también están acusados por la fiscalía de cobrar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
El expresidente Martinelli, mencionado en múltiples casos de corrupción durante su administración, está siendo juzgado actualmente por presunto espionaje de opositores durante su gobierno.
