La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el martes la reactivación de una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales, un fuerte revés para el presidente Joe Biden que angustia a miles que aguardan en la frontera.
Impulsado por el expresidente Donald Trump, el programa «Quédate en México» permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso a la frontera con México a la espera del resultado de sus trámites de ingreso.
La administración de Biden actuó rápidamente para comenzar a desmantelar y poner fin a esta controvertida política, oficialmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP).
Tras pasar por varias instancias judiciales, el gobierno de Biden solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la reinstalación del programa.
En una breve orden sin firmar, el máximo tribunal indicó el martes que «la solicitud de suspensión… está denegada».
Según el documento, los tres jueces progresistas de la corte, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, dijeron que habrían permitido la suspensión de esa norma.
El caso ahora puede trasladarse a un nivel judicial inferior en un tribunal de apelaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Biden dijo que «lamenta que la Corte Suprema se haya negado a conceder una suspensión».
Agregó que «mientras continúa el proceso de apelación, sin embargo, el DHS cumplirá con la orden de buena fe».
Angustia en la frontera
La Cancillería de México confirmó la noche del martes que fue notificada por el DHS sobre la resolución judicial y que ambas instituciones intercambiarían información sobre la misma para definir una postura.
Se espera además que el canciller Marcelo Ebrard ofrezca este miércoles una conferencia sobre el tema.
En tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones, acampando en una plaza pública de la ciudad mexicana de Reynosa (noreste), limítrofe con Texas, expresaron su angustia ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación.
«Estamos en una frontera peligrosa, en que no estamos seguras (…) estamos durmiendo en el suelo, no tenemos un lugar digno, estamos en el mismo estatus de Trump», dice Daniela Díaz, quien no ha visto una mejoría con las políticas migratorias de Biden.
En el campamento, cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas 5.000 personas viven hacinadas en gastadas tiendas de campaña, sacando agua de tuberías públicas y dependientes del alimento que les llevan iglesias y algunas oenegés.
«Si no hay una ayuda de aquí, de esta semana a la otra semana, yo me voy para Honduras, me regreso porque aquí estoy como un perro», dice, indignado, Edilberto Fernández.
Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también desaprobaron la orden de la Corte Suprema, además de que aún no les es posible valorar las consecuencias que tendrá.
«¿Nos tiene preocupados?, sí, porque todavía no sabemos el impacto que va tener en esta frontera», dijo a la AFP Enrique Valenzuela, encargado de un programa de protección a migrantes del norteño estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.
El fallo del máximo tribunal que obliga al restablecimiento de la política ‘Quédate en México’ «es como mínimo cruel», dijo Yael Schacher, asesor jurídico para Estados Unidos de la organización Refugees International. «La administración Biden no debería ver esta decisión como una orden».
