Los legisladores de Nuevas Ideas que forman parte de la Comisión de Trabajo en la Asamblea Legislativa interpusieron ayer un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la investigación de empresas de seguridad que presentan indicios de retención o apropiación de cuotas patronales.
El diputado Edgardo Mulato destacó que son alrededor de 116 empresas las que han retenido cuotas patronales en más de 68,000 casos del sector de seguridad privada.
«Como Comisión de Trabajo y Previsión Social hemos presentado un aviso a esta Fiscalía con la única finalidad de que prevalezcan los intereses de los salvadoreños. Nos hacemos presentes para hacer valer los intereses de una población que ha estado olvidada, que ha sido denigrada», afirmó.
A raíz de denuncias recibidas de parte de sindicatos que representan a agentes de seguridad privada, la Comisión de Trabajo solicitó información al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para conocer cuáles son las empresas que han incurrido en dicha falta.
Los diputados de Nuevas Ideas señalaron que son $1.8 millones de retenidos a los trabajadores durante muchos años en concepto de cuotas del ISSS y de ahorro de pensiones, apropiados de manera ilegal.
Las empresas señaladas podrían haber cometido el hecho delictivo de apropiación y retención de cuotas laborales, previsto y sancionado en el artículo 245 del Código Penal.
«Nos hemos hecho presentes ante la Fiscalía para efectos de hacer justicia. Estas empresas han enriquecido sus bolsillos a costa del trabajo de muchos salvadoreños», enfatizó el funcionario.
Además de Edgardo Mulato, llegaron a interponer el aviso los parlamentarios cian Héctor Sales, Evelyn Merlos y Ángel Lobos, quienes reiteraron que harán justicia para los agentes privados quienes durante años vieron vulnerados sus derechos.
Mulato recordó el caso del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien retenía cuotas patronales mientras se encontraba en el cargo. «Son cerca de $5 millones los que en su momento se retuvieron. Él está viviendo un proceso de justicia para verificar si esto efectivamente se dio», afirmó el legislador.
