Los dos máximos líderes del gremio empresarial de Nicaragua fueron detenidos este jueves, lo que aumenta a casi 40 la lista de opositores arrestados, a dos semanas de las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo, sin ningún rival de peso.
La Policía Nacional informó, en un comunicado, que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, quienes «están siendo investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos».
También están señalados de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo», agregó.
«Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato», reaccionó en Twitter el COSEP, que consideró los arrestos un «ataque directo» contra el gremio empresarial.
Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes presidenciales, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. Están acusados de «traición a la patria», «terrorismo», «lavado de dinero» y otros.
Healy fue detenido poco después de acudir a las oficinas del Ministerio Público (fiscalía), adonde fue citado, según dijo a periodistas, para una «entrevista» que no se produjo y que le iba a ser reprogramada.
Miembros de la prensa que lo esperaban en las afueras de la fiscalía le preguntaron si temía ser arrestado, a lo que respondió que «necesariamente no». Pero al abordar su vehículo fue seguido en dos motos por agentes de la policía armados.
El sociologo y economista, Oscar René Vargas, consideró que el gobierno no está dejando «oportunidad a una salida negociada» a la crisis que vive el país.
Reclamo de liberación de presos
Healy ocupa el máximo cargo empresarial del país desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, quien está bajo arresto desde julio pasado por cargos de «conspiración para cometer menoscabo a la soberanía», según la acusación de la fiscalía.
Healy, empresario del sector azucarero, y Vargas, ganadero, fueron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en un diálogo fallido que buscaba una salida a la crisis política que lleva ya tres años, detonada por protestas antigubernamentales.
Los arrestos de Healy y Vargas ocurren un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiera la «liberación inmediata» de los opositores detenidos, durante una sesión en Washington en la que se abordó la situación de Nicaragua.
A estos tres empresarios se suman el banquero Luis Rivas, el gerente y uno de los dueños del diario opositor La Prensa, Juan Lorenzo Holman, detenidos en los últimos meses.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la detención de Healy y Vargas, las calificó de «arbitrarias» y demandó el respeto a su integridad.
Agrupaciones opositoras, como la Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco, también condenaron los arrestos y exigieron la liberación de detenidos.
Los sectores privados de Guatemala y El Salvador se solidarizaron con el gremio empresarial de Nicaragua y demandaron la liberación de Healy.
Ruptura total
Antes de estallar la crisis política en 2018, detonada por protestas contra una reforma social que derivó en una demanda de renuncia a Ortega, los empresarios y el gobierno tenían una alianza denominada de «diálogo y consenso».
Ortega, que resiente el fin del acuerdo con el sector empresarial, manifestó en un acto de lanzamiento de su campaña política que «ese tipo de entendimiento entre los ricos, los pobres, nunca se había dado» en Nicaragua.
Durante una década, el sector privado apoyó reformas políticas y económicas impulsadas por el gobierno de Ortega, quien ahora los acusa de haberse enriquecido y de apoyar el «terrorismo».
Esa ruptura llegó en parte porque el gremio empresarial no estuvo de acuerdo con las reformas a la seguridad social y retiró su apoyo al gobierno en medio de la represión de las protestas de 2018 que dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados.
Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, asegura que esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos.
