Histórica fue la sesión plenaria ordinaria 35 de la Asamblea Legislativa, en la que aprobó, anoche, la nueva Ley General de Recursos Hídricos.
Luego de 15 años con cinco períodos legislativos, El Salvador cuenta con una ley que regula el uso del agua en todas sus formas.
La nueva normativa se compone de 179 artículos y define todo el marco jurídico referido al uso, manejo, la explotación, distribución, el consumo, cuido, la protección y prevención del recurso hídrico a escala nacional. Los diputados avalaron el proyecto de decreto que emitió la comisión «ad hoc» y que pasó al resto de legisladores en la sesión plenaria ordinaria de ayer.
Para su elaboración, la Asamblea Legislativa creó una comisión que estudió el proyecto enviado por el presidente de la república, Nayib Bukele.
La referida comisión recibió insumos de instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, iglesias de diferentes denominaciones y universidades, que dieron sus valoraciones y aportes para mejorar la propuesta original.
El artículo 1 de la referida ley consigna que el agua y el saneamiento son derechos humanos y el Estado salvadoreño deberá garantizar el cumplimiento de estos para toda la población.
Además, se dejó estipulado crear la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) como ente encargado y aplicador del nuevo ordenamiento jurídico referido al manejo del agua en el país, y será la que autorice, entre otras atribuciones, los permisos de explotación o uso del recurso hídrico.
Los diputados de Nuevas Ideas destacaron que la aprobación de la ley corresponde a un acto de justicia con los salvadoreños, ya que las anteriores legislaturas nunca pudieron concretar el marco normativo.
«Podemos decir a la población ¡misión cumplida! Le entregamos una ley del agua que garantiza su no privatización, el manejo por el Estado salvadoreño y la no delegación de un tercero para que la maneje», expresó el diputado Christian Guevara.
El legislador destacó que se prima el uso doméstico por encima del industrial, y se reconocen con personería jurídica las juntas administradoras de agua potable en las comunidades a las que el Estado no puede llegar.
Sandra Yanira Martínez, diputada y presidenta de la comisión «ad hoc», fue una de las principales promotoras de la normativa, y destacó que se elaboró una ley lo suficiente mente robusta para regular todo lo relacionado con el manejo del agua. «El Gobierno velará porque el recurso hídrico llegue a todo el país.
Esta ley es transparente y tiene como interés principal a los salvadoreños», aseguró Martínez. Uno de los puntos de inflexión que hubo durante el proceso de creación del cuerpo legal fue la integración de la junta directiva de la ASA, ya que la representación de la sociedad civil pedía que las juntas de agua integraran el ente colegiado.
Los legisladores consideraron que ni la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ni las juntas de agua podrán estar en la referida dirección, porque existe un evidente conflicto de intereses al ser entes administradores de sistemas de agua potable.
