La anterior legislatura, dominada por los diputados de ARENA y el FMLN, utilizó los citatorios y los antejuicios para ensañarse contra los funcionarios del Gobierno Central previo a las elecciones de alcaldes y diputados de 2021.
Ahora, como oposición en decadencia, los partidos tradicionales reniegan que sus exfuncionarios comparezcan a declarar ante comisiones de la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría calificada de Nuevas Ideas.
En la legislatura pasada y con los votos de ARENA y el FMLN, la comisión de seguridad citó al director de Centros Penales, Osiris Luna, para que explicara un repentino repunte de homicidios en el país. En la reunión, el funcionario les recordó a los dos partidos que fueron sus dirigentes quienes impulsaron las treguas con las pandillas y negociaron la vida de salvadoreños a cambio del respaldo electoral en las urnas.
Asimismo, en pleno inicio de la pandemia por coronavirus, la comisión de hacienda —también dominada por ambos partidos— exigió que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegara a explicar el uso de los préstamos para la atención de la crisis. Incluso pidió que fuera llevado por apremio por agentes policiales ante los diputados.
Siempre en el contexto de la pandemia, la anterior legislatura interpeló a la entonces ministra de Salud, Ana Orellana Bendeck, y al entonces presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Fréderick Benítez, por una falla eventual en el sistema de distribución del recurso hídrico en el Área Metropolitana de San Salvador.
La anterior legislatura también creó una comisión especial para investigar la seguridad que fue desplegada el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa, ante la visita del presidente de la república, Nayib Bukele.
Esa comisión recomendó la destitución del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y la del ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. Sin embargo, la sugerencia de la oposición fue rechazada por el Ejecutivo.
Además del recomendable, la anterior legislatura interpeló al ministro de la Defensa para que explicara los hechos del 9 de febrero, y al final volvió a pedir la destitución del funcionario. El Ejecutivo rechazó nuevamente la recomendación de la vieja legislatura.
Con los resultados de las elecciones del 28 de febrero de 2021, la correlación cambió en el congreso, y, por voluntad popular, Nuevas Ideas se convirtió en la primera fuerza política. Sus diputados han creado dos comisiones para investigar hechos del pasado, como la entrega de sobresueldos y los millonarios fondos proporcionados a ONG con vínculo político-partidario.
El último citado a declarar fue Eugenio Chicas, militante del FMLN y exsecretario de Comunicaciones del Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. En su comparecencia del jueves pasado, Chicas trató e justificar la entrega de sobresueldos, a pesar de que ya se estableció que son ilegales, así como las erogaciones hechas desde la partida secreta de Casa Presidencial.
Juan José Ángel, integrante de la comisión política por el FMLN, calificó el trabajo de la comisión y el cuestionamiento a Chicas de «show», mientras que Anabel Belloso, diputada propietaria por San Salvador, dijo que fue «un circo».
En cambio, para Wálter Coto, diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de sobresueldos, el exportavoz presidencial «no sufre ataques de culpa», solo «desesperación por tratar de cubrir lo evidente».
