Desde 2013 hasta ahora, el sistema judicial en El Salvador registra que hay 31,652 prófugos, es decir, personas que han sido declaradas como imputados ausentes o en estado de rebeldía y que están estancando la continuidad de los procesos, aseguró ayer el fiscal general, Rodolfo Delgado.
El funcionario reiteró que están buscando reducir la impunidad en una serie de delitos y el estancamiento de los procesos, a través de reformas legales para ir eliminando el sistema de corrupción en el país que favorecía a delincuentes.
«La criminalidad fue alimentada por intereses oscuros. Es el algo indispensable mas en este momento en el que dejamos de lado estas recetas fallidas del pasado», señaló Delgado.
El titular del ministerio público explicó que uno de los intentos para modificar el sistema que se mantiene el país es retomar las reformas al Código Procesal Penal promovidas por el grupo parlamentario de Nuevas Ideas «que se refiere al procesamiento de los imputados ausentes, aquellos de que se inició un proceso penal pero nunca fueron capturados, no se presentaron al juicio o a las audiencias preliminares; también se incluye las tácticas dilatorias que ejercen malos abogados sobre renunciar cuando se está a punto de terminar el proceso, lo que provoca dilaciones indebidas», explicó Delgado.
«Se está corrigiendo una deuda histórica, un error que sucedió con la aprobación de los códigos de 1998. Actualmente tenemos a 31,652 personas que han sido declaradas como imputados ausentes. Estas personas provocan que los procesos se estanquen, se archiven y esto acarrea serie de costos innecesarios para las instituciones que se encargan de hacer justicia, como la PNC, FGR, tribunales de justicia y además las víctimas que se quedan sin una respuesta efectivas», añadió.
Con las nuevas reformas «se pretende que los procesos ya no se detengan al momento de presentar la acusación fiscal o de realizar la audiencia preliminar, el proceso va continuar y si la persona no se presenta es porque está renunciando a su derecho de defensa material, en consecuencia, el Estado deberá comprobar la culpabilidad o inocencia».
En estos casos, el delincuente, como expresidentes que han huido del país [Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén] enfrentarán una vista pública sin necesidad que ellos estén presentes.
Delgado detalló que con la aplicación de estas modificaciones ya no habrá prescripción de delitos, el proceso va continuar, «en determinado momento si estas condenas son rectificadas por las instancias judiciales, lo único que se les puede aplicar es la prescripción de la pena, pero eso implica que es mucho más amplio».
