El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, dejó sin efecto la orden de captura que tenía Nelson Iván López, de 76 años, señalado por la Fiscalía General de la República de cómplice en el asesinato de seis sacerdotes Jesuitas y dos de sus colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989.
Cuando el ministerio presentó la acusación en contra del militar retirado le atribuyó los delitos de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado.
Al momento de la masacre era el jefe del Conjunto 1 del Estado Mayor, tuvo el control de las dos operaciones militares realizadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, para ubicar dónde permanecían los jesuitas y para masacrarlos.
El 15 y 16 de noviembre de 1989, el coronel retirado estuvo al mando del Centro de Operaciones Tácticas (COT) del Estado Mayor. El ministerio público detalla que tenía control de todas las unidades militares desplegadas en la zona de responsabilidad y las acciones que cada una de ellas iba a realizar.
En una audiencia de revisión de medidas, el juzgado le impuso medidas alternas a la detención consistentes en presentarse cada mes a firmar a la sede judicial, no cambiar de domicilio y la prohibición de salir del país.
La jueza tomó en cuenta los arraigos domiciliares y familiares que la defensa presentó y que el militar compareció a la diligencia. En este expediente el ministerio público acusa a López junto a 10 personas, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y otros militares, por varios delitos que se desprenden de la masacre de los jesuitas. Cristiani huyó a Europa para evadir a la justicia.
