La comisión de defensa de la Asamblea Legislativa ha sido el escenario donde se viene discutiendo desde hace ya varios años —lo que implica varias legislaturas— sobre el tema de la industria de la pirotecnia en nuestro país. Se valoran una serie de indicadores, entre ellos, la generación de empleos de esta industria y toda la cadena de comercialización, así como los costos derivados de personas víctimas de quemaduras por este tipo de acciones, donde destacan principalmente menores de edad, como afectados directos.
Recientemente se suscitó una explosión que dejó graves daños materiales y pérdida de vidas, un hecho ocurrido en la zona conocida como El Jordán, en el cantón Planes del Ranchador, al costado poniente de la ciudad de Santa Ana, provocando la pérdida de vidas humanas y otros con graves secuelas producto de dicho evento. En esta situación se conjugan una serie de variables producto de la pobreza, de la falta de oportunidades para algunos sectores del país, pero también desconocimiento de las más básicas y elementales medidas de seguridad para empresas que se dedican a la pirotecnia y digo empresas, ya que en este caso son pequeños establecimientos, clandestinos muchos de ellos, donde la mano de obra de bajo costo es la que predomina y, por ende, el agravante muchas veces de la contratación de menores de edad, lo que riñe con la actual normativa jurídica derivada de la ley Crecer Juntos.
La pólvora es tan antigua y está tan enraizada en la cultura y la subcultura de nuestros pueblos que incluso se ha llegado a pensar que es parte vital de nuestras tradiciones y que en el proceso de socialización del individuo este debe asumir como propia; lo cierto es que la pólvora fue inventada, según se dice, por los chinos, afirmación que es adversa, pues le atribuyen este descubrimiento al monje alemán Berthold Schwars. Lo cierto es que no se inventó con los fines para los que ahora se emplea, con el agravante de los daños materiales y la pérdida de vidas humanas, aparte de convertirse en una carga adicional para los servicios de salud. Para el caso salvadoreño, y según cifras oficiales, solo en diciembre de 2021 resultaron quemadas a raíz de la mala manipulación de la pólvora 116 personas. De estas, la gran mayoría eran menores de 18 años, es decir, niños según nuestra legislación; en 2022, y debido a la campaña de concientización que el Gobierno del presidente Bukele implementa en el mismo período anterior, se redujo la cantidad de quemados a 68 personas, lo que implica una reducción del 59 % con relación al año anterior. Independientemente de la cantidad de afectados, sea mucha o mínima, siempre representa un trauma para la persona afectada, pues las secuelas, los daños o las cicatrices le acompañarán toda su vida; de igual manera, la pérdida de un ser querido por esta actividad representa la mutilación de una familia y para lo cual no hay reposición.
Un aspecto importante para tomar en cuenta son los daños a nuestro sistema de salud, pues se conoce por fuentes fidedignas que el Gobierno Central, por medio de la Cartera de Salud, debe erogar un promedio de $30,000 por cada paciente víctima de quemaduras por pólvora, dinero que de no ser por esa «tradición» podría ser utilizado en otras áreas donde también la población usuaria de los servicios de salud necesita. Habrá que analizar la relación costo-beneficio, es decir que, si bien es cierto que esta industria genera empleos por medio de la producción y comercialización, a su vez resulta interesante analizar lo que le implica al país una tradición que mata y que mutila.
Es muy probable que haya legisladores que ven una oportunidad de ganar algunos adeptos, por no decir algunos votos, al intentar proteger esta industria, pero es que hay que ver con ojos de país un fenómeno tan nocivo como el cáncer o cualquier otra enfermedad terminal y fulminante que mata y que mutila los sueños y las aspiraciones, principalmente de nuestra niñez y adolescencia que es donde se observa la mayor cantidad de afectados por pólvora.
El Salvador, desde 2019 y con la llegada al Ejecutivo del presidente Bukele, ha dado muestras de modernizar el Estado y el Gobierno en su funcionamiento, y estoy convencido, como miles de ciudadanos, de que esta actividad económica hay que reconvertirla en otra de menor riesgo.
Los países desarrollados queman pólvora en días festivos, pero de una manera controlada; en nuestro país ya se hace en estadios, fiestas patronales o eventos navideños. Considero oportuno pensar y proponer que esta actividad que tanto daño ha generado deba ser suprimida y reconvertirla en una más moderna y sin los riesgos del manejo discrecional, es decir, debería prohibirse su manipulación discrecional y, por ende, su comercialización abierta y tradicional en la que ya se han suscitado eventos con las fatales consecuencias antes descritas.
