Más de 470 salvadoreños participan en el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), mecanismo que busca garantizar el acceso a la justicia a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA) en conjunto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hasta ahora, los 479 facilitadores judiciales salvadoreños tienen presencia en 9 de 14 departamentos del país, en los cuales trabajan con diversas comunidades brindando charlas informativas sobre derechos y deberes, asesoría jurídica, orientación de trámites, prevención y salida alterna de conflictos, dando acompañamiento a personas que buscan efectuar trámites en instituciones públicas, entre otras acciones.
Según el coordinador general de dicho programa, Juan Carlos Roncal, en territorio salvadoreño más de 5,500 personas han sido beneficiadas e indirectamente otras 7,966 con el SNFJ.
De acuerdo con datos de la OEA, Chalatenango y Santa Ana tienen mayor cantidad de facilitadores judiciales (117 y 75, respectivamente); seguido de Ahuachapán y Sonsonate donde están distribuidos 113 colaboradores.
En el último censo desarrollado en El Salvador, el cual incluye datos desde septiembre 2021 hasta noviembre de 2022, se reflejan que en «más de 600 casos las personas facilitadoras judiciales resolvieron conflictos en sus comunidades a través de la mediación; en 1,510 casos en los que brindaron orientación sobre leyes a las personas que se lo solicitaron; se han efectuado 299 charlas sobre temas relacionados a derechos, prevención del delito, y más; y 28 fueron los casos que llevaron a los juzgados locales gracias al acompañamiento de las y los facilitadores judiciales», explicó Roncal.
La Corte Suprema de Justicia decidió implementar el SNFJ en 2014 en un acuerdo de cooperación con la OEA. El propósito de este servicio es «garantizar el acceso a la justicia, promover una cultura de paz, reducir la judicialización del conflicto, fortalecer mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad».
El SNFJ es una estrategia de participación ciudadana en la que los líderes comunitarios proporcionan servicios de mediación comunitaria, difusión de información y orientación jurídica, estos «promueven el diálogo en sus comunidades y ayudan a resolver conflictos sociales de “menor intensidad”; es decir, controversias que no involucran actos de violencia o delitos ante la ley».
Según datos de la OEA, en toda Latinoamérica están desplegados más de 17,000 facilitadores, entre los países donde tienen presencia está Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Argentina y Colombia. Hasta ahora más de 600,000 personas han sido beneficiadas.
