El Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (Coena) solicitó que el Tribunal de Primera Instancia de ese instituto político inicie la expulsión de los exalcaldes tricolor de Apopa y de San Rafael Cedros, porque ya fueron condenados penalmente por delitos que cometieron durante el ejercicio de sus cargos públicos.
Elías Hernández, exjefe edilicio del ahora distrito de Apopa, fue condenado por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador a 15 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
Las investigaciones fiscales determinaron que Hernández dio dinero, vehículos y plazas a pandilleros y sus familiares cuando fue alcalde a cambio de tener apoyo y garantizar su reelección para el periodo 2015-2018.
La cúpula del partido ARENA también negoció con pandilleros a cambio de tener su respaldo y el de sus familiares para las elecciones presidenciales de 2014, cuando llevaba de candidato a Norman Quijano.
Otros integrantes de ARENA, como el alcalde del entonces municipio de Ilopango, Salvador Ruano, también negociaron con las pandillas, e incluso -con la venia del tricolor- implementaron los denominados «municipios santuario», zonas donde las pandillas mantuvieron el control de los territorios y se redujo la operatividad policial y militar, según determinaron posteriores investigaciones fiscales.
El Coena también pidió ayer la expulsión del partido de la exjefa edilicia Dina Chicas, condenada a seis años de prisión por el delito de peculado, por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, según el partido ARENA.
No obstante, la versión de la Fiscalía General de la República (FGR) indica que Chicas realmente fue condenada a 24 años de cárcel, no solo por peculado, sino también por negociaciones ilícitas y malversación.
La FGR señaló que Chicas se valió de su cargo para favorecer la adjudicación de proyectos de agua potable, electricidad y la mejora de caminos vecinales en varios cantones a cambio de recibir dádivas de las empresas.
Además, el Coena solicitó la suspensión de derechos partidarios de sus concejales Ahuachapán Centro, René Alirio González y Eduardo Canizales Valencia, por «negarse a firmar una carta compromiso que establece el fiel cumplimiento de su conducta en sus cargos».
