El gobierno peruano anunció este jueves que desplegará militares para que refuercen la lucha contra la extorsión en gran parte de Lima, tras una inédita protesta de transportistas contra el chantaje del crimen organizado.
Las tropas apoyarán a la policía en los distritos de la capital peruana donde se concentra un 60% de los 10 millones de habitantes.
Durante 60 días, regirá el estado de emergencia en esas zonas, bajo el cual los militares están autorizados a reforzar las labores de la policía.
«Corresponderá a la policía mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las fuerzas armadas», explicó el ministro de Defensa Walter Astudillo en conferencia de prensa.
La medida también incluye a un distrito del contiguo puerto de Callao.
«Es una respuesta del Estado peruano para combatir este flagelo que está amenazando a nuestra seguridad y bienestar», agregó Astudillo.
El gobierno anunció el envío de los militares a las calles, tras la huelga que realizaron este jueves miles de transportistas del sector público.
Ante la ola de extorsiones y el asesinato de tres choferes en las últimas semanas, más de 50 empresas interrumpieron el servicio para exigir a las autoridades poner freno al crimen organizado.
«No resistimos más esta intimidación», dijo a la AFP Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).
Según la policía, entre enero y septiembre se han registrado en Perú 14.220 denuncias de extorsión. En todo 2023, se reportaron 22.294 denuncias.
