En abril de 2014, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador condenó a 13 años y 4 meses de prisión al excandidato presidencial por ARENA, Norman Quijano, por negociar con pandillas a cambio de votos.
En esa oportunidad, el director fiscal contra la corrupción, Orlando Rivas, detalló que los magistrados validaron las pruebas ofrecidas en el juicio como videos, audios telefónicos, evidencias documentales y testimoniales, que demostraron que Quijano, quien es prófugo, se reunió con cabecillas de maras para lograr acuerdos y negociar votos a su favor cuando era candidato a la presidencia en el 2014 por el partido ARENA.
La Cámara notificó al Parlamento Centroamericano (Parlacen) la condena para que iniciaran el trámite que corresponde para que sea inhabilitado en el cargo de diputado de dicha instancia.
Tras los indicios que se tenían de que Quijano había cometido un delito, en noviembre de 2021, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó una solicitud de desafuero ante la Asamblea Legislativa, la cual fue atendida para diciembre de ese mismo año y se despojó de la inmunidad constitucional que tenía Norman, al ser diputado por el Parlacen.
Para enero del 2022, la Fiscalía pidió que se iniciara el proceso judicial en contra del exdiputado por los delitos de agrupaciones ilícitas. Posteriormente, se desarrolló la audiencia inicial, en la cual, se decidió continuar con el proceso y los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal declararon rebelde a Norman Quijano y ordenaron a la policía que lo capturara.
