A propuesta del presidente de la república, Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó hoy durante la sesión plenaria ordinaria 42 y con el visto bueno de 59 diputados (Nuevas Ideas, PCN, PDC y ARENA), la Ley Anticorrupción.
La normativa, según el presidente Bukele, reforzará la transparencia y el control de la probidad de funcionarios y servidores de todo tipo de entidades públicas, autónomas, descentralizadas y municipales.
La única diputada que no apoyó la iniciativa fue Claudia Ortiz, de Vamos. El propósito de esta ley es prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública, según la iniciativa que fue aprobada.
La normativa propone la creación del Sistema Integrado Nacional de Anticorrupción (SINAC) que estará integrado por 12 instituciones públicas como la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero (FSF).
La Ley establece la obligación de los empleados públicos de presentar una declaración jurada de su patrimonio, y el de su familia, junto a la declaración de la renta que se hace cada año. Además, establece un vínculo directo entre la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la FGR, para que, cuando existan indicios de hechos relacionados a la corrupción, los involucrados puedan ser investigados de inmediato por los fiscales.
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas planteó que la corrupción afecta la estabilidad y la seguridad de la sociedad, por lo tanto, fue necesario aprobar una normativa que combata efectivamente ese flagelo.
«Los grandes enemigos de los salvadoreños eran los delincuentes y la corrupción; tanto le costaba a los salvadoreños pagarle la renta a los mareros como pagar el capricho de corruptos y corruptores», indicó el jefe de la fracción del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Asamblea también reformó el Código Penal
Para llevar a cabo la guerra contra la corrupción que también fue aprobado un pliego de reformas al Código Penal -a propuesta del Ejecutivo- para establecer regulaciones más estrictas para los delitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como particulares que instigan o facilitan la realización de actos ilegales que impliquen sustracción de fondos públicos.
Por ejemplo, se estableció que en el delito de peculado (que es cuando un funcionario usa, apropia o desvía fondos en beneficio propio o ajeno) la condena carcelaria será de seis a nueve años cuando el monto apropiado sea de $10,000; cuando sea de más de $10,000 y menos de $100,000 la pena será de entre 12 y 15 años de cárcel.
