A menos de 48 horas de desatado el escándalo por la megaestafa de la shitcoin «$Libra» que el presidente argentino Javier Milei promocionó en redes sociales y que luego desestimó, se ha presentado en Buenos Aires la primera denuncia penal colectiva contra el presidente por una presunta participación en una asociación ilícita.
De acuerdo con el diario argentino, «Clarín», la denuncia fue promovida por Jonatan Emanuel Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del derecho a la ciudad; Marcos Zelaya, abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías; María Eva Koutsovitis, fundadora del movimiento la ciudad somos quienes la habitamos y Claudio Lozano, economista presidente de Unidad Popular.
Los denunciantes, además, acusan a Milei, de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», argumentando que Milei violó la Ley de Ética Pública al promocionar un activo financiero sin las debidas garantías y utilizando su investidura para generar confianza en los compradores.
A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales y de ir tras inversores que buscan ganancias fáciles y rápidas y por lo tanto, altamente volátiles y peligrosas.
Al argumentar el delito de estafa, se acusa a Milei de haber defraudado a inversores mediante la promoción del token $Libra, que no estaría registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores.
Se estima que esta maniobra causó pérdidas de 4 mil millones de dólares y ha afectado a 44,000 personas.
Este proyecto, fue impulsado por KIP Protocol y Kelsier Ventures y prometía financiar pequeños negocios locales en Argentina. Los representantes de esas shitcoin se reunieron a finales del año anterior con Milei lo que generó cierta confianza en los inversionistas.
La promoción del jefe de Estado, aseguran, habría generado una subida exponencial en la cotización del criptoactivo, seguida de un colapso del 80-90% en pocas horas, este colapso se da cuando los administradores trasladan los activos a otras plataformas.
Los denunciantes sostienen que la caída del valor de $Libra se debió a una estafa del tipo «rugpull», en la que los creadores del token atraen inversores para luego retirar abruptamente el dinero, dejando a los compradores con activos sin valor.
LA VERSIÓN PRESIDENCIAL
En un comunicado, el gobierno argentino confirmó que el mandatario compartió una publicación en sus cuentas de X, comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, «al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones».
Pero afirma que «No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación».
Al respecto, dice el comunicado, ha decidido que la Oficina Anticorrupción determine si hubo conducta impropia por parte de algún miembro del gobierno, incluido el presidente.
Asimismo, anunció la creación de la una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $Libra y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación.
El caso de $Libra no es aislado y solo deja claro que en el ámbito de las criptomonedas, donde la carencia de regulación y supervisión son el mayor enemigo para los inversionistas, lo son por defecto también para su expansión en el mundo.
