El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol negó el lunes haber cometido el crimen de insurrección, al comparecer en una corte penal para el primer día del juicio en su contra por la fallida declaración de una ley marcial.
Yoon fue destituido formalmente de su cargo el 4 de abril, luego de ser suspendido por el Parlamento debido a su intento de subvertir el mando civil con una ley marcial el 3 de diciembre.
En enero, se convirtió en el primer presidente surcoreano en ejercicio en ser arrestado, debido al caso penal en su contra, aunque luego fue liberado por motivos técnicos.
Yoon estuvo presente en la corte distrital de Seúl la mañana del lunes, cuando los jueces le pidieron decir su nombre, fecha de nacimiento y otros datos personales, según informes de la prensa en el sitio.
«Calificar de insurrección un acontecimiento que solo duró unas horas, no fue violento y aceptó inmediatamente la solicitud de disolución de parte de la Asamblea Nacional (…) me parece jurídicamente infundado», declaró Yoon a la corte.
Yoon, un exfiscal, pidió al tribunal mostrar en un monitor la presentacaión de la fiscalía y se dedicó a rebatir su declaración inicial punto por punto.
La fiscalía argumentó que Yoon «planeó incitar un alzamiento con la intención de subvertir el orden constitucional».
Entre la evidencia citada se encuentran los planes de Yoon de declarar la ley marcial y el envío de militares al Parlamento con órdenes de romper vidrios y cortar el servicio eléctrico.
La corte deberá escuchar testimonio de dos militares llamados por los fiscales, incluido un oficial que asegura que fue instruido por el alto mando a «sacar arrastrados a los legisladores que se reunían en la Asamblea Nacional para levantar la ley marcial».
Los diputados desafiaron a los soldados armados y se brincaron la cerca para ingresar a la sede legislativa y derogar la ley marcial, lo que obligó a Yoon a dar marcha atrás con la medida.
De ser declarado culpable de los cargos de insurrección, Yoon podría ser sentenciado a prisión perpetua o incluso la pena de muerte.
Sin embargo, Corea del Sur mantiene desde 1997 una moratoria no oficial sobre las ejecuciones.
