El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, enfrentado a un gran escándalo de corrupción en su partido, anunció ayer la puesta en marcha de un plan anticorrupción que no bastó para acabar con las demandas de dimisión de la oposición ni con las dudas de sus aliados.
Entre las 15 medidas enumeradas por el jefe del Gobierno en el Congreso de los Diputados figuran la creación de una «agencia de integridad pública independiente», el uso de inteligencia artificial para detectar «indicios de fraude» en la plataforma de adjudicación de contratos públicos, controles aleatorios del patrimonio de altos funcionarios y un refuerzo de la protección de los denunciantes.
Sánchez narró que se planteó dimitir por los escándalos de corrupción que afectaron a su partido, pero que decidió «continuar».
«Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que va mos a continuar», dijo Sánchez.
La oposición, expuso Sánchez, se apresuró a «exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirle, señorías, que francamente, yo mismo he considerado estas opciones en los primeros momentos de esta crisis».
Sánchez compareció para dar explicaciones al Congreso por el encarcelamiento de su ex número tres, Santos Cerdán, por un caso de mordidas a cambio de obras públicas que implica también a su exministro de Transportes José Luis Ábalos. Ambos fueron muy cercanos a Sánchez y determinantes en su ascenso al liderazgo socialista y, en 2018, al poder.
Lo más dañino para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue la publicación de unas grabaciones de conversaciones en las que los presuntos implicados abordan el reparto de mordidas por obras públicas.
El fin de semana pasado se conoció además la renuncia de un estrecho colaborador de Sánchez, Francisco Salazar, que iba a formar parte de la nueva dirección del partido en la reestructuración tras la salida de Cerdán.
