El Parlamento Centroamericano (Parlacen) se ha convertido en una válvula de escape para una diversidad de exfuncionarios de toda Centroamérica, quienes han buscado valerse de su fuero, algunos con más fortuna que otros, para evadir ser procesados por delitos relativos a actos de corrupción o narcotráfico.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 28 de enero de 2022, cuando el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue juramentado de forma «virtual» para formar parte del Parlacen, a pesar de los señalamientos de narcotráfico que tenía en Estados Unidos, sin embargo, la inmunidad para diputados del Parlacen es la misma que tienen los legisladores nacionales del país que representan y en Honduras no existe la inmunidad para legisladores, por lo que fue extraditado a Estados Unido, donde fue juzgado y condenado a 45 años de cárcel por corrupción y narcotráfico.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares fueron juramentados, en agosto de 2023, como diputados suplentes al Parlacen, a pesar de ser requeridos por la justicia de EE.UU.
Los hermanos están llamados a juicio, junto a su padre, por presunto blanqueo de capitales para la constructora brasileña Odebrecht.
En marzo 2022, Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado del Parlacen fue sancionado por EE.UU., por transportar embarques de cocaína para el cartel de los Huistas, que opera en Huehuetenango.
Salazar Flores está incluido en un listado de siete personas, divulgado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., donde se les sanciona por pertenecer al cartel y por su vinculación con organizaciones criminales mexicanas. Según EE.UU., el legislador es «responsable» de «almacenar y transportar embarques de cocaína en representación» del cartel de Los Huistas con nexos con cárteles mexicanos del narco.
