El expresidente conservador Nicolas Sarkozy deberá ingresar próximamente en prisión, después de que la justicia francesa lo condenara este jueves a cinco años en el caso sobre la presunta financiación ilegal por Libia de su campaña electoral de 2007.
Sarkozy, de 70 años, va camino de ser el primer expresidente en acabar entre rejas, ya que el tribunal de París pidió la aplicación provisional de la pena. La justicia debe comunicarle el 13 de octubre la fecha de su entrada en prisión.
La condena por asociación ilícita se suma a otras dos precedentes por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, una de las cuales provocó la pérdida de la más alta distinción francesa, la Legión de Honor. Nunca entró en la cárcel.
«Dormiré en prisión con la cabeza alta. Soy inocente», reaccionó el mandatario (2007-2012), quien consideró su condena de «extrema gravedad para el Estado de Derecho» y la calificó de «injusticia insoportable». «El odio no tiene límites», agregó.
Sarkozy anunció la presentación de un recurso, pero esto no lo librará de entrar en la cárcel. El exmandatario asistió al tribunal acompañado de su esposa, la modelo, cantante y actriz Carla Bruni-Sarkozy, y tres de sus hijos, constataron reporteros de AFP.
La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que el también exministro del Interior era culpable de haber «permitido a sus colaboradores cercanos (…) actuar con el fin de obtener apoyos financieros».
Sin embargo, el proceso no permitió demostrar que «el dinero que salió de Libia» se utilizara «en última instancia» para financiar de forma oculta la victoriosa campaña electoral de 2007, precisó.
Allegados condenados
La fiscalía había pedido a finales de marzo siete años de prisión, al considerarlo el «verdadero» responsable de un pacto con el dictador libio Muamar Gadafi, muerto en 2011. El tribunal lo absolvió en cambio del cargo de corrupción.
Para los investigadores, Sarkozy y su equipo prometieron a Gadafi ayuda para restaurar su imagen internacional, después que se acusara a Trípoli de atentar contra un avión en Escocia y otro en Níger, a cambio de dinero para su campaña electoral.
Otras once personas fueron juzgadas. La justicia condenó a seis años de prisión a su exmano derecha Claude Guéant por corrupción y asociación ilícita, y a dos años al exministro Brice Hortefeux sólo por el último cargo. Tres fueron absueltas.
El caso se basaba en declaraciones de siete exdignatarios libios, viajes a Libia de Guéant y Hortefeux, transferencias de dinero y los cuadernos del exministro de Petróleo libio Shukri Ghanem, encontrado ahogado en el río Danubio en Viena en 2012.
Uno de los principales acusadores, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine, murió a los 75 años el martes de un paro cardíaco. Este hombre afirmó en varias ocasiones que ayudó a entregar a Sarkozy y a su equipo dinero procedente de Gadafi.
Posteriormente se retractó de sus acusaciones, antes de contradecir su propia retractación. La justicia abrió otro caso contra Sarkozy y también contra su esposa por sospechas de presionar a un testigo.
Historial judicial
La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) debe comunicarle el 13 de octubre la fecha de su entrada en prisión, según una fuente cercana al caso. Otra fuente judicial indicó que sería encarcelado en un «plazo relativamente corto» después de su convocatoria.
Sarkozy ya se convirtió este año en el primer exjefe de Estado en portar una tobillera electrónica, en el marco de su condena a un año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las «escuchas».
La Corte de Casación examinará además el 8 de octubre su recurso en el caso «Bygmalion», relacionado con la financiación de su fracasada campaña presidencial de 2012 y por el cual fue condenado a seis meses de prisión firme.
Pese a las condenas, Sarkozy sigue siendo un político influyente de la derecha y suele conversar con el actual presidente, el centroderechista Emmanuel Macron. El líder de su partido conservador, el ministro del Interior Bruno Retailleau, le expresó su «apoyo».
La líder ultraderechista Marine Le Pen consideró un «peligro» la aplicación provisional de las penas, que, en su opinión, va en contra de la presunción de inocencia.
Sobre ella pesa una pena de inhabilitación por malversación de fondos europeos, que le impide presentarse a la elección presidencial de 2027, pese a haber recurrido la sentencia.
