En documentos presentados ante el tribunal, los ejecutores (John Branca y John McClain) afirman que Paris Jackson ha obtenido alrededor de $65 millones en beneficios durante el manejo del legado.
Este monto surge en el contexto de una demanda que Paris interpuso en julio pasado, en la que pone bajo lupa ciertos «pagos premium» realizados en 2018, por aproximadamente $625,000, a tres bufetes legales, alegando que dichos pagos no están debidamente justificados.
Según su versión, esos desembolsos se autorizaron sin registros adecuados y sin la supervisión estricta que debería regir un patrimonio de tal magnitud.
Además, la hija del «Rey del Pop» solicita la revocación de una orden judicial emitida en 2010, la cual permite a los ejecutores efectuar pagos legales sin necesidad de aprobación judicial previa. En su demanda sostiene que ese mecanismo abre paso a decisiones discrecionales sin control efectivo.
Los administradores reaccionaron a estas acusaciones defendiendo su gestión. Argumentan que, en el momento del fallecimiento de Michael Jackson, el patrimonio enfrentaba deudas millonarias que superaban los $500 millones, y que gracias a las estrategias implementadas lograron convertirlo en un negocio rentable. En su defensa sostienen que los pagos legales no fueron caprichosos, sino recompensas por servicios jurídicos «extraordinarios» y que todas sus acciones han sido supervisadas por cortes testamentarias.
