El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio definirá en audiencia de sentencia si pasan al Estado, bienes y cuentas bancarias decomisados a criminales que fueron condenados en el caso conocido como «Operación Tsunami».
Se trata de 17 inmuebles propiedad de la pandilla 18 Sureños, que operaba desde El Puerto de La Libertad, entre lo incautado hay viviendas, locales comerciales, vehículos, microbuses y autobuses.
También se pretende que pasen al Estado 19 cuentas bancarias con aproximadamente $54,000, fondos que en su momento fueron congelados. Se estima que en total son $360,418.81 lo que le intervinieron a la pandilla 18.
Aunque hay información que la estructura tuvo un flujo de hasta $1 millón, dinero producto de actividades delictivas antes que la Fiscalía y Policía desbaratara su accionar.
Los inmuebles están ubicados en El Puerto de La Libertad y San Luis Talpa, en los departamentos de La Libertad y La Paz. En las pesquisas se determinó que la pandilla invirtió el dinero producto de las extorsiones y tráfico de drogas en propiedades y otros bienes.
La estrategia fue buscar prestanombres para que le dieran apariencia legal el dinero que ingresaba a la pandilla y se idearon instalar negocios, comprar vehículos y unidades de transporte colectivo.
Todos los inmuebles y demás bienes estaban a nombre de personas que en la «Operación Tsunami» fueron condenadas por lavado de dinero, extorsión agravada, tráfico ilegal de personas y otros delitos de crimen organizado y realización compleja.
Algunos de los testaferros que la Fiscalía menciona en el proceso son: Nelson Gámez Peñate, alias el «Brujo» y su esposa Rhina Castillo de Gámez, quienes aparecen como dueños de casas y locales comerciales.
También se menciona a Vidal Manuel Macías, alias el «Millón», Reina Isabel Molina y Miguel Ángel Flores, a quienes el ministerio público acusó. El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenó en octubre de 2020 a 83 pandilleros por ese caso.
