Aunque sigue siendo demandado en otros casos, Snap Inc., la empresa estadounidense de la aplicación del fantasma sonriente, afirmó el miércoles en una declaración enviada a la AFP que «está satisfecha de haber podido resolver este asunto de manera amistosa».
El acuerdo, cuyos detalles financieros permanecen confidenciales, finaliza el procedimiento iniciado contra Snap por la californiana de 19 años identificada por las iniciales KGM, quien también exige a Meta (matriz de Facebook e Instagram), ByteDance (TikTok) y Alphabet (YouTube).
Su acción legal es la primera de varias iniciadas por jóvenes, instituciones escolares y fiscales para establecer la responsabilidad de las redes sociales en el deterioro de la salud mental de los internautas, que retoma la estrategia jurídica utilizada contra la industria del tabaco.
Los demandantes acusan a las plataformas de haber sido diseñadas para maximizar el tiempo de conexión, lo que provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios e incluso suicidios entre sus usuarios.
El caso de KGM, que tendrá una influencia mayor en la resolución de los demás, será examinado por un tribunal de Los Ángeles desde el 27 de enero, cuando comience la selección del jurado, antes del inicio de las audiencias a principios de febrero.
Antes del acuerdo, Evan Spiegel, el director ejecutivo de Snap, estaba citado para testificar ante el tribunal, al igual que otros dirigentes de estas plataformas. El más esperado sigue siendo Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta.
En su defensa, los gigantes tecnológicos invocan la sección 230 de una ley estadounidense, el Communications Decency Act, que les otorga una inmunidad casi total sobre el contenido publicado en sus plataformas.
Los demandantes piden a la justicia que los condene no por los contenidos, sino por el diseño de los algoritmos y de funciones de personalización que fomentan el desplazamiento compulsivo o «scrolleo», como se conoce habitualmente, en la pantalla.
El juicio en California transcurre en paralelo al procedimiento ante una jueza federal en Oakland, California.
Hay otros procedimientos estatales en curso contra las plataformas, como el impulsado por un fiscal de Santa Fe (Nuevo México) que las acusa de exponer a los menores a depredadores sexuales.
