Motivado por el contacto diario con inversionistas y las necesidades del entorno, Rodrigo Ayala, presidente de Invest in El Salvador, impulsó la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, la cual crea incentivos claros para la reinversión productiva y el fortalecimiento del empleo formal en el país, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa.
«Sabemos, de primera mano, las inquietudes y dinamismo del sector. De esa manera identificamos cómo fortalecer un entorno que incentive no solo la instalación de nuevas empresas, sino también la expansión de aquellas que han estado operando en El Salvador por años y desean seguir creciendo», afirmó.
De acuerdo con Ayala, históricamente, muchas empresas —tanto nacionales como internacionales— han expresado su interés en expandir sus operaciones, pero se han encontrado con barreras importantes.
«Aunque han generado empleo y contribuyen al desarrollo económico, no están amparadas por regímenes de incentivos existentes, como zonas francas o servicios internacionales, los cuales exigen iniciar operaciones desde cero bajo un nuevo esquema», añadió.
Según el funcionario, esto limita la reinversión y la modernización de capacidades productivas que tanto demandan los mercados globales. Adicionalmente, sostuvo que el país ha mostrado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, respaldado por políticas de seguridad pública más efectivas, reformas para mejorar el clima de inversión, y un marco jurídico cada vez más sólido y predecible.
«Todo esto generó un ambiente idóneo para proponer una ley que permita que las empresas consoliden y amplíen sus inversiones bajo condiciones claras de estabilidad y competitividad», señaló.
Entre los principales beneficios para las empresas que se amparen a esta ley, destacan el es el acceso a créditos tributarios acreditables contra el impuesto sobre la renta, que pueden oscilar entre: 10 %, 20 % o hasta 30 % del monto invertido, dependiendo del tamaño y categoría de la inversión realizada.
Asimismo, contempla la exención total del Impuesto de Transferencia de Bienes Raíces (ITBI) para la adquisición de inmuebles destinados específicamente a la expansión productiva.
De acuerdo con Invest, la estructura de los incentivos está pensada para promover eficiencia y competitividad, argumentando que los beneficios no son simples exenciones, sino créditos tributarios que se acumulan conforme se demuestra la expansión productiva, lo que asegura que el Estado continúe recibiendo lo que históricamente ha percibido por las operaciones vigentes, y además capte nueva inversión incremental.
«Estos incentivos no solo reducen la carga fiscal sobre nuevas inversiones ampliadas, sino que también fomentan la renovación tecnológica, la adquisición de bienes de capital, y la diversificación de actividades económicas», explicó Ayala.
Además, aclaró que la ley brinda certidumbre legal y estabilidad a los inversionistas privados, debido a que los beneficios están garantizados por un período de 10 años, durante los cuales las empresas pueden planificar, ejecutar y consolidar sus proyectos de expansión bajo reglas claras y predecibles.
«Esta estabilidad normativa es fundamental para atraer decisiones de inversión a mediano y largo plazo, lo cual es especialmente valorado por inversionistas tanto nacionales como extranjeros que buscan entornos estables para sus compromisos de capital», detalló el funcionario.
Ayala también aclaró que no existe un número máximo de empresas que puedan acogerse a este régimen. Sin embargo, sí existen criterios claros de elegibilidad, entre los cuales destacó: tener al menos 10 años de operaciones en El Salvador, no estar actualmente amparado por otros regímenes de incentivos tributarios, desarrollar actividades productivas que estén expresamente incluidas en la ley y que la inversión proyectada esté dentro de los rangos de inversión establecidos por la Ley, y contribuya a objetivos de productividad o empleo.
«La Ley para el Fomento de la Expansión de Inversiones se encuentra alineada con las prioridades del Gobierno del presidente Nayib Bukele, las cuales buscan fortalecer la productividad y competitividad nacional, incentivar inversiones que generen empleo y mayor valor agregado, integrar y modernizar las cadenas productivas existentes, atraer capital privado tanto nacional como extranjero, consolidar una visión de desarrollo sostenible y de largo plazo», indicó.
Esta ley es complementaria e innovadora dentro del marco jurídico nacional. No existe en la región una normativa similar que permita a empresas ya en operación ampliar sus inversiones sin tener que migrar a otro régimen desde cero.
La supervisión de los incentivos estará a cargo del Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, asegurando transparencia, cumplimiento, y apego a los objetivos de desarrollo productivo del país.
