La falta de financiamiento con recursos públicos para los partidos políticos, conocido como «deuda política», no es determinante para el desarrollo de sus procesos de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, aunque supone un reto respecto a las «prácticas del pasado», consideran analistas.
Juan Gilberto Contreras, experto en temas electorales, señala que para abordar el tema de la deuda política es necesario aclarar que es un término mal empleado y que desde la ciencia política debió calificarse como financiamiento público.
«La Constitución y nuestras leyes lo tenían como deuda política; sin embargo, creo que llamarle deuda política no es correcto porque es como que la ciudadanía le debiera algo a los partidos políticos, y no debe de ser así, la ciudadanía no tiene por qué», indicó.
En El Salvador, el financiamiento público hacia institutos políticos estaba estipulado en la Constitución de la República y en la Ley de Partidos Políticos, que fueron reformadas en dicho tema por la Asamblea Legislativa en 2025 para eliminarlo.
Desde la aprobación de esas reformas ha transcurrido un año y la actividad preelectoral ha iniciado de acuerdo con el calendario establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según Contreras, la falta de ese financiamiento «sí es un reto, pero si uno hace un consolidado de por lo menos las últimas tres o cinco elecciones puede ver que el financiamiento privado es más alto que el financiamiento público que obtenían».
Explicó que generalmente «los candidatos de los diferentes partidos meten su plata para pagar su campaña; también existen donantes, en algunos partidos tienen membresía, cuota partidaria, etcétera, que son fuentes de financiamiento que van más allá de la llamada deuda política».
Consideró que los partidos van a tener la capacidad de gestionar campañas, porque al final la deuda política servía para la organización en tiempos que no eran de campaña, era para el «tiempo muerto», que son dos o cuatro años en los que estaban captando nuevos militantes y preparando cuadros, entre otras actividades.
Para el politólogo Óscar Martínez, que ya no exista la deuda política es una medida que contribuirá a eliminar la principal fuente de corrupción, «pues era el principal interés de los militantes delincuentes para formar parte de las dirigencias partidarias».
Afirmó que en el pasado se convirtió en «el preámbulo de obtener diputaciones, municipalidades y hasta la presidencia; por ejemplo, todos los presidentes de ARENA y del FMLN han sido acusados de ladrones por haberse apropiado de miles de millones de dólares».
Peñate mencionó que ahora los institutos políticos deberán buscar financiamientos privados, siempre y cuando sean de origen lícito.
