La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 57 votos, el dictamen emitido por la comisión de tecnología, turismo e inversión, que contempla reformas de la Ley de Protección al Consumidor (LPC) para ampliar la cobertura de protección de los salvadoreños.
Dichas reformas aprobadas fueron modificadas por el Legislativo en atención a las observaciones que envió el presidente de la república, Nayib Bukele, con el fin de que sean más claras y no den pie a malentendidos.
Una de las reformas es la inclusión del artículo 19 A al artículo 12 de la LPC, que establece que el personal técnico de la Defensoría del Consumidor (DC) podrá intervenir en casos de personas con sobreendeudamiento a quienes, por situaciones extraordinarias, problemas de salud, se les dificulte o imposibilite el pago de una o varias deudas.
El papel de la DC será de mediador entre el consumidor y el proveedor de servicios financieros o de créditos para buscar alternativas, como reestructuración, refinanciamiento y otras opciones.
Los consumidores también podrán acercarse a la Defensoría para solicitar acompañamiento una vez que se identifiquen las dificultades financieras, e incluso antes de caer en mora. Edgardo Mulato, diputado de Nuevas Ideas, dijo: «Las reformas tienen como objetivo reivindicar, brindar garantía, protección y derechos a los consumidores.
Había falta de equilibrio entre oferta y demanda». Otra reforma, al artículo 21 de la LPC, está relacionada con las obligaciones especiales para proveedores de bienes y servicios mediante el comercio electrónico, durante la fase de contratación.
Actualmente establece que si los proveedores incumplen el plazo acordado para la entrega, o el que determina la ley, que es de 30 días, el contrato se termina de forma unilateral y se devuelven las sumas pagadas sin retención.
Pero el Decreto Legislativo 405 incluye una tercera obligación: pagar una indemnización al consumidor; sin embargo, el presidente Bukele observó que es una medida desproporcionada si lo que se quiere es la devolución inmediata de lo cancelado, y detalló que los casos que ameriten una indemnización deben ser llevados en un proceso judicial.
«A través de estas reformas estamos protegiendo a todos los consumidores de los diferentes abusos de algunos agentes económicos e instituciones financieras», destacó, por su parte, Dania González, diputada de Nuevas Ideas.