Inspecciones en principales centros mayoristas de abasto a escala nacional fueron desplegadas ayer por parte de la Defensoría del Consumidor (DC) para detectar cualquier intento de incremento injustificado en los precios de las frutas y verduras.

Uno de los procesos de verificación se desarrolló en el mercado La Tiendona, la cual fue liderada por el presidente de la DC, Ricardo Salazar, quien aseguró que se trata de acciones que buscan cuidar el bolsillo de las familias salvadoreñas.

«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa siempre vigilante para poder garantizar que la mesa de las familias salvadoreñas tenga acceso a todos los productos de la canasta básica», afirmó.

Añadió que el análisis de precios e inventarios muestra condiciones favorables en el mercado nacional, con suficiente disponibilidad de productos para sostener la estabilidad de precios.

Las inspecciones verificaron la comercialización de productos como tomates, cebollas, zanahorias, plátanos, aguacates, chiles verdes y manzanas, los cuales muestran precios estables, mientras que otros como la lechuga y el limón presentan leves disminuciones.

Salazar subrayó que el monitoreo permanente de los mercados descarta condiciones de desabastecimiento o limitaciones en el transporte, y advirtió que cualquier indicio de incrementos injustificados será remitido al Tribunal Sancionador, conforme a lo que estipula la Ley de Protección al Consumidor (LPC).

«De momento el mercado se muestra con bastante normalidad, es una noticia importante: no existen riesgos a la producción, tampoco existen riesgos en materia de logística que pueda poner el riesgo el abastecimiento a escala nacional», dijo.

Recordó, además, que los proveedores están obligados a brindar toda la información requerida, y que la obstaculización de las labores de la Defensoría del Consumidor (DC), así como la especulación y el incremento injustificado de precios en alimentos o productos de primera necesidad, constituyen infracciones muy graves a la Ley de Protección al Consumidor (LPC), sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos.

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