El desempeño fiscal de El Salvador durante 2025 marcó un nuevo récord en la recaudación pública. Al cierre del año, los ingresos corrientes y contribuciones del Gobierno Central sumaron $8,298.3 millones, lo que representa un incremento absoluto de $647.9 millones frente a 2024 y un crecimiento interanual del 8.5 %, según datos de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Del total recaudado, $7,986.1 millones correspondieron a ingresos tributarios y contribuciones, con un aumento del 8.4 % en comparación con el año anterior. Este resultado refleja tanto una mayor actividad económica como una mejora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de una ejecución que se mantuvo en línea con las proyecciones oficiales para el ejercicio fiscal.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se consolidó nuevamente como el principal pilar de la recaudación. Durante 2025, este tributo generó $3,817.6 millones, con un crecimiento interanual del 9 %. El dinamismo estuvo explicado, en buena medida, por el IVA a la importación, que alcanzó $2,084.8 millones, con un alza del 10.6 %, mientras que el IVA por declaraciones internas sumó $1,732.8 millones, reflejando un incremento del 7.2 %.
Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) cerró el año con una recaudación de $3,328 millones, lo que representa un crecimiento del 7.3 % frente a 2024. Dentro de este rubro, las declaraciones aportaron $965.3 millones (+10 %), las retenciones $1,567.4 millones (+5.8 %) y los pagos a cuenta $795.5 millones (+6.9 %), mostrando un comportamiento sólido de los contribuyentes a lo largo del año.
Otros ingresos tributarios también registraron avances relevantes. Los derechos arancelarios a la importación sumaron $383 millones, con un crecimiento del 12.4 %, en línea con el dinamismo del comercio exterior. En tanto, los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $245.1 millones, con un incremento moderado del 3.9 %, aunque con desempeños diferenciados entre los productos gravados. Mientras los ingresos por cigarrillos crecieron 4.2 % y los de bebidas no carbonatadas 2.4 %, se registraron descensos en cerveza (-0.5 %) y productos alcohólicos (-5.6 %).
El rubro de «otros impuestos y gravámenes diversos» presentó uno de los mayores crecimientos relativos del año, al sumar $128.6 millones, lo que representa un aumento del 17.7 %. Destacan los ingresos por transferencia de bienes raíces, que alcanzaron $74.4 millones (+26.2 %), así como el impuesto ad-valorem sobre primas de seguros, con $25.3 millones (+13.7 %).
Los ingresos no tributarios totalizaron $312.3 millones, con un crecimiento interanual del 11 %. Este resultado estuvo impulsado por el aumento en las contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron $55 millones (+17.5 %), así como por el desempeño de tasas y derechos, ingresos financieros y transferencias corrientes.
En el caso de las contribuciones especiales, la recaudación sumó $83.5 millones, con un incremento del 5 %. El mayor aporte provino del transporte público, con $61.6 millones (+7 %), mientras que la contribución para la promoción del turismo registró una leve contracción anual.
Este cierre fiscal favorable refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas y se alinea con la estrategia del Gobierno de fortalecer los ingresos sin generar brechas presupuestarias. «El crecimiento en la recaudación es resultado de la modernización de los procesos tributarios, la facturación electrónica y el combate a la evasión fiscal», ha señalado el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en declaraciones recientes.
Por otro lado, el ministro ha indicado que El Salvador pasó de registrar un déficit primario superior al 5 % del PIB en 2020 a alcanzar un superávit primario en 2024 y proyectar un resultado cercano al 1.9 % del PIB en 2025, en línea con los compromisos fiscales asumidos. Añadió que las agencias calificadoras ya comenzaron a reconocer estos avances, reflejando una mejora gradual en la percepción de riesgo país.
Con estos resultados, El Salvador concluye 2025 con cifras fiscales sólidas, que brindan mayor margen para la ejecución del gasto público, el financiamiento de programas sociales y la inversión en áreas estratégicas para el desarrollo económico del país.
