La Defensoría del Consumidor (DC) realizó un amplio trabajo de verificaciones de precios y productos en las diferentes plazas del país, así como en las cadenas de supermercados a escala nacional, con la finalidad de brindar seguridad y transparencia para el consumidor.

De acuerdo a la institución, los inspectores realizaron 58,584 verificaciones en los diferentes agentes en las cadenas de suministro del país.

Según las estadísticas de la CD, alrededor de 1,853 fueron sondeos de precios y 404 requerimientos de información permanentes a proveedores en los sectores de frutas, verduras, granos básicos, lácteos, carnes, embutidos, huevos harinas, e insumos agrícolas, entre otros.

Además, detalló que efectuaron 5,236 inspecciones para verificar el cumplimiento de obligaciones legales bajo la Ley de Protección al Consumidor (LPC), de las cuales como resultado se tuvo que el 89.70 % de estas reportó cumplimiento de las disposiciones legales verificadas.

También fueron 723 hallazgos de incumplimiento, siendo los principales: producto vencido con 271 hallazgos (37.48 %); ejecución de la garantía (no cuenta con el registro de garantía otorgadas ni la política de garantía por escrito) con 112 (15.49 %); incumplimiento al alcance de la garantía con 66 (9.13 %); y no otorga el documento de garantía con 57 (7.88 %).

Asimismo, se registró falta de información sobre mecanismos de reclamos con 34 (4.70 %); y, falta de información de promociones y ofertas con 27 (3.73 %), entre otros. «En todos los casos se activó el procedimiento administrativo ante el Tribunal Sancionador de la DC», destacó el presidente de la institución, Ricardo Salazar.

Por otra parte, la institución evitó la venta y consumo de 6,458 productos alimenticios vencidos, que como medida cautelar fueron destruidos para proteger la salud y el bolsillo de los consumidores.

La DC también ejecutó 179 planes de verificación de normas y reglamentos técnicos aplicables a alimentos preempacados, de los cuales, el 77.57 % (1,290) reportó cumplimiento, mientras que el 17.38 % (289) registró algún tipo de incumplimiento; y el 5.05 % (84) no declara información en la etiqueta.

Otro de los hallazgos fueron los cobros indebidos por $2.1 millones, por parte de un proveedor de servicios financieros (casa de empeño) en 84,280 créditos al aplicar una tasa de interés efectiva superior a la tasa máxima efectiva (TML), que incumple la Ley Contra la Usura (LCU).

Durante este año se impusieron multas que ascienden a más de $3 millones, lo que permitió que los consumidores recibieran la devolución de su dinero o la solución de algún inconveniente con un producto adquirido.