La aprobación del presupuesto general del Estado a ejecutar el próximo año genera certeza jurídica para los inversionistas y para los salvadoreños en general, señalaron los analistas políticos Óscar Peñate y Nelson Flores.

«Se está dando un buen mensaje tanto a la población como a la comunidad internacional, de responsabilidad en el manejo de los fondos públicos de manera eficiente, y garantizando que los servicios en el sector social reciban sus recursos de manera oportuna e inmediata», valoró Flores, quien es especialista en administración pública.

El presupuesto general 2025, por $9,663 millones, fue aprobado en la sesión plenaria del martes pasado con los votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC, tres de los cinco grupos legislativos, que constituyen 57 votos de los 60 diputados.

«[La aprobación] testimonia la certeza y seguridad jurídica que ahora existe en El Salvador, lo cual se constituye en un incentivo en la atracción de la inversión extranjera y nacional, en un contexto de democracia, respeto a los derechos humanos y de ser uno de los 10 países más seguros del mundo, incluso que Suiza, Estados Unidos, Canadá y otros», expresó Peñate, politólogo de profesión.

Durante la legislatura 2018-2021, y en las anteriores (dominadas por ARENA y el FMLN), los presupuestos estatales fueron aprobados fuera de tiempo; por ejemplo, el de 2017 no fue avalado en diciembre de 2016, como debió ocurrir, sino hasta enero del siguiente año, cuando ya había iniciado el ejercicio fiscal, debido a la falta de acuerdo entre los partidos ARENA y FMLN sobre las asignaciones presupuestarias.

En esa ocasión el FMLN intentó no pagar el escalafón a docentes y personal de salud. Ahora, dichos recursos están asegurados en el plan fiscal de 2025.
«El presupuesto recién aprobado se presenta autofinanciado, es decir, respaldado con ingresos propios, sin recurrir a deuda. Esta situación es posible gracias al resultado de la sanidad del erario, consecuencia de la excelente administración hacendaria, lo que representa el crecimiento económico del país», expresó Peñate.

Del monto global del presupuesto anual, $1,700 millones son para inversión pública y $3,609.6 millones van destinados a Educación, Salud, Seguridad y Defensa. Además, se aseguran los subsidios de gas propano, energía eléctrica y pasaje.

«El aprobar a tiempo un presupuesto da una visión clara de la responsabilidad que como Gobierno se tiene para cumplir sus obligaciones que demanda toda la administración pública, en asegurar el gasto público y la inversión, especialmente en todos los programas sociales y de infraestructura», indicó Flores.

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