El congreso emitió un decreto que avala la creación de disposiciones especiales y transitorias de apoyo al Programa de Acceso Universal a la Energía en El
Salvador, con el propósito de llevar electricidad a 8,756 familias que no tienen acceso a dicho recurso en sus viviendas, y garantizar el suministro a escuelas públicas y otros proyectos de producción en zonas rurales que no cuentan con los servicios básicos.
Con dicho programa se busca reducir la brecha en materia de acceso a la energía eléctrica y fomentar el desarrollo económico y social de comunidades con altos índices de pobreza, incluidas poblaciones indígenas y áreas menos desarrolladas.
El programa es ejecutado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y es financiado con un préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); sin embargo, requiere de la implementación de proyectos con inversión privada.
Para atraer esa inversión, se crean disposiciones tributarias que estarán vigentes por seis años y se concentran en establecer exenciones para contratistas de CEL o subcontratistas relacionados con el programa.
Las disposiciones incluyen la exoneración del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios o IVA; a impuestos a las importaciones, así como de los aranceles por servicios del Centro Nacional de Registros (CNR).
Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan contratistas y subcontratistas por actividades relacionadas con el programa, hasta que se entreguen las obras, bienes o servicios.
Dania González, diputada de Nuevas Ideas, mencionó que este decreto brindará seguridad jurídica. «Entre más seguridad jurídica, tenemos asegurada la inversión tanto nacional como extranjera», afirmó.
El decreto no fue respaldado por el partido VAMOS a pesar de que su diputada, Claudia Ortiz, reconoció que si una familia pueda tener acceso a la energía eléctrica o no «cambia radicalmente la calidad de vida y la perspectiva de desarrollo»; no obstante, argumentó que el punto no es el decreto, sino quiénes
son los contratistas.
Durante la sesión plenaria 76, celebrada ayer, el pleno también avaló la creación de disposiciones especiales de carácter tributario para los contratos multicliente entre la CEL y personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras; y para los contratos de licencia de datos entre el titular de un contrato multicliente y los adquirentes de los datos.
Son contratos multicliente los que suscribe la CEL con una o varias empresas, para la realización de estudios científicos, para buscar hidrocarburos en el país.
