La Asamblea Legislativa inició hoy el proceso formal para eliminar la deuda política: sus diputados presentaron una iniciativa de ley para reformar la Constitución de la República que abrió el camino para que los partidos políticos ya no reciban fondos públicos por cada voto válido que obtienen en elecciones de cargos públicos.
Christian Guevara, jefe del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, ingresó con modificación de agenda a la sesión plenaria la iniciativa para reformar la carta magna, para expulsar del ordenamiento jurídico el artículo 210 que da la subvención del Estado a los partidos políticos.
La moción, que será conocida por la comisión política en su sesión de trabajo del próximo martes, propone que «se apruebe acuerdo de reforma constitucional a efecto de derogar el artículo 210 para eliminar la deuda política». La propuesta de quitar la deuda política la hizo el presidente Nayib Bukele en la red social X.
La Constitución de la República en su artículo 210 establece: «El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia».
Nuevas Ideas planteó en su iniciativa de ley para derogar el artículo 2010 que toda persona que pretende acceder a un cargo de elección popular «debe tener la mínima convicción de servicio al pueblo salvadoreño», por lo que resulta contradictorio que el Estado deba reconocer al partido político «la cuantía por votos obtenidos lo que podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico por parte del Estado».
«(Esos) fondos deberían ser destinados para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del Gobierno y con ello hacer un uso eficiente de los recursos del mismo», se lee en la iniciativa de ley que ingresó al pleno con 56 votos a favor, sin ninguno en contra y ni ninguna abstención.
La Asamblea Legislativa procederá con la derogatoria del artículo 210 luego que el 29 de enero pasado ratificó la enmienda constitucional del artículo 248 que permitió que una misma legislatura modifique y ratifique el texto constitucional siempre y cuando tenga 40 votos.
El financiamiento de los partidos políticos tuvo su origen en la Ley de la Deuda Política que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en enero de 1984 para desarrollar la disposición constitucional.
Esta normativa fue derogada en 1988 cuando fue aprobado el Código Electoral que sus artículos 137 al 144 aborda el «régimen de financiamiento estatal o deuda política para el desarrollo democrático». Asimismo, la Ley de Partidos Políticos, aprobada en 2013, incorporó a su texto que los partidos políticos «tendrán derecho a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones».
El valor del voto para el pago de la deuda política que recibe cada partido se establece con base al porcentaje de la inflación acumulada reconocida por el Banco Central de Reserva (BCR). El ministerio de Hacienda reportó que para las elecciones de 2024 el valor del voto para presidente y vicepresidente fue de $6.05; para diputados de la Asamblea Legislativa, $ 3.28; para concejos municipales, $2.45; y para el Parlacen, $3.30.
Esos comicios representaron una erogación de fondos públicos de $19,774,219.3 por el valor del voto de la elección presidencial; de $10,603,695.52 por el voto de la elección legislativa; de $3,959,729.2 por el voto de la elección municipal y de $ 5,440,033.5 por el valor del voto para el Parlacen.
