El Órgano Legislativo desempeñó un papel fundamental durante este año en el proyecto de saneamiento fiscal del país, ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del Servicio Ampliado del FMI (SAF), un acuerdo de 40 meses.
El SAF es el instrumento del Fondo para brindar financiamiento y asistencia técnica a países que necesitan hacer ajustes estructurales en su economía, como es el caso de El Salvador.
Dicho programa para el país comprendo un financiamiento de $1,400 millones, orientado a poner en orden las finanzas públicas, que fue concretado en una carta de intención suscrita por las autoridades del Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Hacienda, remitida al FMI.
La Asamblea aprobó la ratificación de esa carta el 27 de febrero de 2025, adoptando desde el inicio una postura de apoyo al proyecto de reordenamiento de las finanzas.
Bajo dicho financiamiento se establecen como metas que El Salvador pueda incrementar su Producto Interno Bruto (PIB) en un periodo de tres años; además, que pueda fortalecer sus reservas y alcanzar la estabilidad financiera.
Para ello, el FMI recomendó implementar ciertas acciones directas, como la racionalización de los recursos destinados a salarios, priorizar el gasto social y de infraestructura, así como la creación de diferentes reformas al marco legal salvadoreño que limitan el crecimiento económico.
Es en este último punto que la Asamblea tiene un papel activo dentro del proyecto fiscal de país, aprobando diferentes decretos que han contribuido con el cumplimiento de cada uno de los requerimientos de la entidad financiera.
Una de esas medidas fue la reforma a la Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad del uso del bitcoin como moneda de cambio. También se aprobó la creación de la Ley de sostenibilidad fiscal, el 10 de junio de 2025, estableciéndose una regla progresiva de responsabilidad fiscal que incluye la reducción del gasto público hasta en 80 %, como límite de deuda para 2030; de un 75 % para 2035 y un 70 % para 2045.
La contribución de la Asamblea se extiende a la creación de leyes que promueven la atracción de la inversión, incluida la de grandes capitales, por medio de incentivos fiscales que promueven oportunidades de empleo y la dinamización de la economía.
En el tema de la burocracia, el congreso, con mayoría de diputados de Nuevas Ideas, autorizó una reforma al Código Municipal para eliminar el requisito que exige la solvencia de impuestos municipales para la inscripción de sociedades y establecer la emisión electrónica de dicho documento, con el objetivo de buscar la eficiencia.
Se suma que la Asamblea ya aprobó dos leyes que contienen el presupuesto anual del Estado con disposiciones de responsabilidad y austeridad.
La medida más reciente es la creación de una nueva Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el objetivo de modernizar el marco legal y enfrentar de forma integral estos delitos.
El trabajo legislativo no pasó desapercibido para el FMI, según el último comunicado de prensa donde se destaca el respaldo del pleno a normativa contra el lavado de dinero que, según el jefe de misión para El Salvador, Sr. Torres, «armoniza el marco jurídico con las mejores prácticas internacionales».
También se reconoce en el último informa del FMI que la economía de El Salvador se expande a un ritmo más rápido de lo previsto, y que se espera que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4 % al finalizar este año, meta que está próxima a cumplirse debido a la eficacia de las medidas que han dado resultados, como el crecimiento de la economía del 5.1 % en el tercer trimestre, según datos del BCR.
