El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció ayer que para sanar la economía de El Salvador y salir de la pobreza, ha decidido iniciar el combate contra los cárteles oligopólicos y las mafias, a pesar de recibir ataques y condenas de la comunidad internacional.
El mandatario recordó que cuando comenzó la guerra contra las pandillas, el gobierno recibió «muchísimos ataques y condenas de la “comunidad internacional”», la cual señalaba que las estrategias de seguridad que se implementaban en el país no eran las correctas porque no encajaban con «sus ideologías y conceptos preestablecidos».
«No los escuchamos, y convertimos al país más inseguro del mundo en el país más seguro de todo el hemisferio occidental», afirmó.
Por ello indicó que esta vez, y con el enfoque de poner fin a la pobreza en el país, volverán a aplicar estrategias que, desde su gestión y conociendo las necesidades del país, se consideren funcionales, entre ellas, el combate a las prácticas ilícitas de los pequeños grupos de productores o mayoristas de los productos alimenticios y mafias que se lucran de estos negocios.
«Sería muy tonto de nuestra parte no volver a intentar nuestra propia receta, que responde a nuestra propia realidad. La última vez que lo hicimos, logramos un milagro que nadie habría imaginado posible», reiteró el gobernante.
Este mensaje de Bukele se da en el marco de que su gobierno implementa medidas para resguardar la economía familiar, entre ellas, las inspecciones de la Defensoría del Consumidor en diversos mercados del país para detectar casos de especulación o acaparamiento de productos alimenticios.
Ayer, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, se trasladó hacia el mercado de Mejicanos, en San Salvador, y a la zona de la exterminal de Oriente, mejor conocida como anexo del mercado La Tiendona, para inspeccionar los precios a los que los comerciantes ofrecen productos como las papas, pipianes, güisquiles, tomates, chiles verdes y algunas hierbas como el cilantro y olor, que registraban alza de precios la semana pasada.
«Estos productos en las últimas semanas han experimentado, a nuestro juicio, un comportamiento especulativo en cuanto a incrementos injustificados de precios, a razón de que se mantiene la producción local e igualmente tenemos las importaciones que están manteniendo su fluidez y no existe ningún tipo de contratiempo para traer estos productos al país», detalló Salazar.
Informó que la Defensoría lleva más de 3,900 verificaciones a escala nacional y ha iniciado 125 investigaciones contra proveedores que presentan indicios de incrementos injustificados de precios.
Hay alrededor de 40 casos que ya fueron presentados al tribunal sancionador, según Salazar y fueron expuestos por obstaculizar las labores de la Defensoría, lo cual conlleva a multas de hasta 500 salarios mínimos y también por incremento injustificado de precios.
«Los procesos están activados bajo un procedimiento abreviado y esperamos en los próximos días tener los primeros resultados de estas sanciones», añadió.
Explicó que también hay otros 88 casos que ya fueron sancionados por los mismos motivos, con un poco más de $320,000 en multas.
