La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador confirmó la detención y las órdenes de captura emitidas contra los guatemaltecos Jorge Alberto Gaitán Castro, Juan Ignacio Berger Giménez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, así como contra la salvadoreña Marisabel Umaña Velásquez, procesados por el delito de administración fraudulenta.
La resolución ratifica la decisión adoptada el 6 de mayo de 2026 por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador durante una audiencia especial de revisión de medidas. En esa diligencia, los imputados no comparecieron ante la autoridad judicial, por lo que la jueza modificó las medidas cautelares y ordenó la captura para garantizar su presencia en el proceso.
El caso también incluía al empresario guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, quien fue extraditado a El Salvador el 30 de septiembre de 2025; sin embargo, falleció el 19 de enero de 2026 debido a complicaciones de salud mientras permanecía ingresado en el Hospital Nacional San Juan de Dios, de Santa Ana. En el expediente también figuran como acusados Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los procesados habrían integrado una estructura que ocasionó perjuicios económicos a las sociedades Maintenance & Services S. A. de C. V. y Tierras Nacionales Ltda. de C. V.
Según las pesquisas fiscales, entre 2016 y 2020 los imputados cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos relacionados con cargos de jefatura de operaciones y dirección ejecutiva, que generaron un perjuicio económico estimado en $1,284,274.39. Como parte de la investigación, en septiembre de 2024 fue juramentado un perito informático para analizar una base de correos electrónicos intercambiados entre los acusados y verificar su autenticidad. Asimismo, se le encomendó acceder y examinar el sistema contable de las sociedades afectadas para fortalecer la obtención de pruebas dentro del proceso penal. La decisión de la cámara surgió luego de que la defensa apeló las órdenes de captura.
No obstante, los magistrados concluyeron que la resolución del Juzgado Tercero de Instrucción fue emitida conforme a derecho y que existen elementos suficientes para justificar tanto las órdenes de captura como la necesidad de mantener las medidas cautelares. La cámara también sostuvo que persisten las condiciones que hacen necesaria la detención para asegurar la comparecencia de los acusados en las próximas diligencias.
El proceso forma parte de una controversia empresarial que se ha desarrollado en tribunales de El Salvador y Guatemala y que está relacionada con el control y administración de activos vinculados a Continental Towers, empresa dedicada a la infraestructura de telecomunicaciones en la región.
