El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), cumpliendo una orden emitida por la Fiscalía General de la República que a su vez dio cumplimiento a la reciente reforma al Código Penal en relación al delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la reforma al artículo 333 del Código Penal, aprobado por la Asamblea Legislativa, se sanciona el delito de enriquecimiento ilícito con 15 años de cárcel, antes de la enmienda era de hasta 10 años.
El exfuncionario es acusado por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública.
«Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días», publicó el ministerio público.
El 12 de noviembre de 2024, Chicas y su grupo familiar, fueron condenados por enriquecerse ilícitamente con $202,557.51, según la resolución que emitió la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
Eugenio Chicas, también fue secretario de comunicaciones del expresidente Salvador Sánchez Cerén entre el 2015 al 2018, diputado por el FMLN en la Asamblea Legislativa en los períodos 1994-1997 y 1997-2000 y del Parlamento Centroamericano.
Este proceso lo judicializará la Fiscalía General de la República invocando el Código Penal, donde está tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, ya que la condena que el año pasado le impusieron fue por la vía civil, bajo la Ley de Enriquecimiento Ilícito que data desde 1959 y donde la sanción no lleva cárcel, sino que debe de devolver al Estado el dinero obtenido de forma ilícita.
El proceso civil diligenciado en el tribunal especializado en esa materia es el precedente para iniciar este caso penal. En la demanda que presentó la Unidad Anticorrupción habían solicitado que Chicas, junto a su esposa Blanca Steffany Ayala, la excónyuge Ana Lucía Ramírez y su hijo Carlos Ernesto Chicas González, fueran condenados a pagar $282,494.21.
Fiscalía pretendía que Chicas fuera condenado a devolver $252,306.13 producto de 15 irregularidades, pero como en la audiencia probatoria varias inconsistencias fueron desestimadas, fue condenado a pagar $173,705.57.
La esposa de Chicas, Blanca Stefany Ayala Martínez fue condenada a devolver $11,282, su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, $1,080.44 y su exesposa Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indagó a Chicas por la apropiación de fondos públicos evidenciado en la declaración jurada de patrimonio de toma posesión y cese de funciones que presentó.
Tras ese informe la CSJ ordenó que se les aplicara el marco legal de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que ordena un régimen sancionatorio consistente en multas para que devuelvan al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
Lo que mandatan las leyes contra corruptos
El pasado 7 de enero, a propuesta de Bukele, la Asamblea aprobó la creación de la Ley Anticorrupción para establecer un marco legal orientado a prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos en el ejercicio de la función pública. Y este jueves, tras la captura de Chicas, el presidente de la República Nayib Bukele publicó en su cuenta de la red social X. «Guerra contra la corrupción».
La normativa se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno, se incluye tener un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer labores de regularización y verificación del patrimonio.
Entre los puntos más importantes de la ley se menciona que todos los años los funcionarios y sus familiares deberán presentar, obligatoriamente, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta.
La más reciente reforma al artículo 333 del Código Penal, aprobada por la Asamblea Legislativa, sanciona el delito de enriquecimiento ilícito con 15 años de cárcel, antes de la enmienda era de hasta 10 años.
El partido FMLN condenó la detención del expresidente del TSE, la cual calificó de arbitraria y como una cortina de humo ante el rechazo de una serie de medidas implementadas por el Gobierno. «Consideramos que en nuestro país, el Gobierno se está dando a la tarea de cerrar cada vez más, los espacios democráticos y de crítica, fomentando un ambiente de intolerancia a la crítica constructiva y las demandas de transparencia en la gestión pública».
La exdiputada del FMLN, Loreña Peña afirmó: «Demandamos la inmediata libertad de Eugenio Chicas y el respeto a su integridad física y moral»
Mientras que el concejal capitalino por Nuestro Tiempo, Héctor Silva, escribió: «La “justicia” como una herramienta de venganza personal».
