Un tribunal sancionador será el encargado de aplicar los respectivos castigos por violentar la ley del recurso hídrico cuando sea finalmente aprobada por la Asamblea Legislativa y esté en vigencia tras su publicación en el «Diario Oficial».

En la jornada de trabajo de ayer de la comisión «ad hoc» que estudia el anteproyecto se dejaron definidas las atribuciones que tendrá este organismo en el manejo y cuido del agua en El Salvador.

Tres miembros que ocuparán los cargos de presidente y vocales serán los integrantes del organismo colegiado y los encargados de sancionar las faltas leves, graves y muy graves que se cometan.

El proyecto original consignaba que el tribunal sancionador sería un ente autónomo e independiente en lo administrativo y financiero. Sin embargo, los diputados modificaron el artículo para que el ente esté adscrito a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que será la instancia máxima en el manejo del agua en El Salvador.

«Este cambio lo que hará es darle las herramientas al tribunal para poder librar los procesos respectivos. Al ser un ente externo, no tenía suficientes potestades», explicó el diputado Christian Guevara, quien funge como presidente de la comisión.

Los requisitos para integrar el tribunal sancionador que dejaron establecidos los diputados fueron que deben ser salvadoreños mayores de 30 años, de profesión abogados, que tengan como mínimo cinco años en el manejo de temas medioambientales y que no tengan ningún proceso pendiente con el Estado.

También se plasmó que no podrán integrar el organismo los funcionarios, excepto los docentes, que estén vinculados a partidos políticos o a empresas relacionadas con el manejo del agua.

«Este tribunal será el que sancione a los infractores, a los que violenten la ley. Le hemos dado la fuerza para que actúe en el cuido del agua», sintetizó el diputado Saúl Mancía.

La designación de los miembros del tribunal será potestad del presidente de la república, quien hará la toma de protesta constitucional.

Otros aspectos que los diputados completaron en el marco del articulado son las sanciones de carácter preventivo y la recepción y el procesamiento de denuncias. Las sanciones preventivas buscarán evitar daños al recurso hídrico y a los ecosistemas relacionados.