Los diputados que integran la comisión política de la Asamblea Legislativa acordaron ayer recibir a representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Gabinete de Seguridad Pública, entre otras instituciones, para que se sumen al análisis de la reforma constitucional y penal que habilitan la cadena perpetua para condenados por homicidio, violación y terrorismo.
Según la comisión, los aportes que brinden permitirán cubrir cualquier vacío legal a la reforma de la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres y la Ley Penal Juvenil.
«Quiero hacer una propuesta para el trabajo que vamos a hacer en esta comisión, cuando tenemos un tema en estudio, llamemos a todos los actores involucrados», afirmó Ernesto Castro, presidente de la comisión y del congreso.
Explicó que se ha dispuesto una calendarización para que los invitados se den cita a partir de las 2 de la tarde en la comisión. Hoy serán recibidos funcionarios del Gabinete de Seguridad; para mañana se tiene prevista la llegada de Rodolfo Delgado, fiscal general de la república.
Mientras que para el próximo lunes se ha convocado a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El martes 24 la comisión revisará todos los aportes y observaciones proporcionados durante las jornadas anteriores y, si lo considera, emitiría dictamen para que las reformas sean enviadas para su ratificación y aprobación en la sesión plenaria programada para el jueves 26 de marzo.
ANALISTA VALIDA MODIFICACIÓN
Para Nelson Flores, especialista en administración pública, el país tenía una Constitución que favorecía a los delincuentes y no los derechos de las víctimas.
«Teníamos una Constitución que le apostaba más a los derechos del delincuente y no a los derechos de las víctimas desprotegidas», sostuvo ayer durante la entrevista Panorama. El analista considera que: «La Constitución es un pacto social que puede adaptarse y modificarse de acuerdo con circunstancias o exigencias del momento».
Flores mencionó que la reforma en estudio conlleva un mensaje claro a los criminales: «En este país no se puede delinquir, no se pueden cometer este tipo de crímenes y aquel que cometa un homicidio o quiera formar parte de un grupo terrorista tendrá que pensarlo».
Analistas que forman parte del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI aseguran que, cuando El Salvador fue considerado como uno de los países más inseguros del mundo, las organizaciones que defienden derechos humanos calla – ron y se olvidaron de las víctimas.
«No se puede negar que, en los años anteriores, el signo institucional de la criminalidad era el abandono histórico de las víctimas en el sistema penal, el cual no garantizaba su reparación, protección y bienestar integral, entendido lo último como la garantía de que la víctima no sea revictimizada», expone el Círculo de Reflexión en su boletín informativo 27.
El grupo de analistas considera que «los derechos humanos de las víctimas, plasmado en la concepción de seguridad pública en nuestro país, incluye el derecho a la justicia, la verdad, la reparación del daño físico y mental».
