Con el objetivo de proteger el bolsillo de los consumidores y garantizar que no se registren incrementos injustificados en los precios de los productos de la canasta básica y la cadena de alimentos, la Defensoría del Consumidor (DC) y el Ministerio de Hacienda llevaron a cabo inspecciones a empresas dedicadas a la importación y almacenaje de maíz blanco y amarillo, y de harinas para la fabricación de concentrados, en el puerto de Acajutla, Sonsonate, y otros puntos del país.
El operativo fue dirigido por el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, quien manifestó que las empresas inspeccionadas son encargadas de recibir, almacenar y distribuir productos como maíz blanco y amarillo, harinas de maíz, trigo y soya, básicos para la producción de alimentos y concentrados para animales, como ganado y aves de corral.
«La Defensoría del Consumidor tiene amplias competencias para establecer que la práctica abusiva del incremento injustificado de precios, el cual está configurado en nuestra ley, en productos como alimentos, productos de primera necesidad y servicios esenciales en nuestra población», sostuvo.
De acuerdo con Salazar, durante estas inspecciones se hace el conteo físico de las existencias reales en las empresas, información sobre inventarios, precios de compra y venta de los últimos meses, costos de envío, entre otros.
El funcionario agregó que, al detectarse alguna irregularidad, se abre un proceso ante el tribunal sancionador que puede derivar en sanciones de hasta 500 salarios mínimos.
«Desde marzo del año pasado hasta la fecha, hemos impuesto sanciones que rondan los $240,000 a diferentes empresas, tanto a aquellas dedicadas a la importación y comercialización de alimentos como a aquellas dedicadas a la importación de concentrados, fertilizantes y otros productos que se utilizan para la cadena de agricultura y ganadería», dijo el presidente de la DC.
