El pasado martes 12 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) aplicó la ley de Extinción de Dominio para intervenir 21 propiedades de Alfonso Prado Padilla Marcia.
Los inmuebles están ubicados, en su mayoría, en la residencial El Sitio, en San Miguel, mientras que otros están en San Salvador y La Libertad.
La Fiscalía señaló que la inmovilización de los inmuebles se realizó por orden de un juez Especializado de Extinción de Dominio, luego que la FGR indagará que el aumento patrimonial de Padilla Marcia no corresponde con las compras y adquisiciones de los bienes que a la fecha posee.
«Según el monto inicial de los bienes, están valoradas en aproximadamente $980,929», explicó uno de los fiscales que dirigió el procedimiento en San Miguel.
Según las autoridades, las investigaciones iniciaron el 9 de octubre de 2020, cuando la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía solicitó un análisis financiero-patrimonial.
«Tras la investigación se logró establecer que Padilla Marcia y su grupo familiar, presentan un incremento patrimonial no justificado, configurándose lo establecido en el artículo 6 literal C de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita (LEDAB), encontrando incongruencias en lo declarado al Ministerio de Hacienda con los depósitos en sus cuentas bancarias, y familiares que poseen bienes inmuebles que no son congruentes con los ingresos de origen conocido, asimismo otros familiares que no tienen fuentes de ingreso, pero si poseen bienes a su nombre», detalló una fuente fiscal.
Entre las propiedades intervenidas se encuentra un autolote, ubicado en la carretera Ruta Militar, barrio San Francisco, block B, de San Miguel.
Las autoridades confirmaron que desde el miércoles pidieron a los familiares que se llevaran los vehículos que se encontraban en el lugar, ya que la orden del juez pide intervenir solo el lote donde funcionaba el negocio y las demás propiedades a nombre de Padilla Marcia y su núcleo familiar.
En 2008, la Dirección General de Aduanas detalló un listado de personas naturales y jurídicas autorizadas como importadores de vehículos usados, y ahí aparecía Alfonso Padilla, quien es el propietario de los 21 inmuebles intervenidos por las Fiscalía.
En el boletín se aclara que las personas que integraban el listado habían sido desinscritas del registro de importadores de vehículos usados por no tener una fianza vigente y que en consecuencia no podían seguir importando vehículos usados.
