«Uno no quiere mirar atrás, ni retroceder. A veces cuando escuchamos a otras personas decir “uy, cómo estamos, que la política, que no sé qué”, yo siempre les he dicho que se expresan de esa manera porque no han vivido lo que uno vivió. Solo el que de verdad ha vivido en una zona que fue código rojo y, aparte, también fue amenazada, sabe de verdad lo que se siente estar en esas condiciones», manifiesta tajante Cecia Gutiérrez, una joven que se autocalifica como sobreviviente de la violencia que la Mara Salvatrucha causó por varias décadas en El Proyecto Santa Teresa, del distrito de San Martín.
Hasta antes de la implementación del exitoso plan de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, El Proyecto era considerado de alto riesgo debido a la actividad criminal de la MS, por medio de homicidios, desapariciones, extorsiones, hurtos y múltiples violaciones de los derechos de los habitantes de la populosa localidad.
Entre esas víctimas está la familia de Cecia, quien desde 2017 atiende Los 4 Vientos, un pequeño negocio de comida que se ubica en la calle principal del lugar. Cecia cuenta que para llevar la «fiesta en paz» tuvieron que pagar la extorsión a la pandilla. Sin embargo, no trabajaban con la libertad que lo hacen desde que el combate frontal a las maras comenzó a mostrar resultados en su comunidad.
«Vivíamos atemorizados, el ambiente siempre era tenso. Uno no estaba preparado para cuando podía ocurrir una balacera o que si entraba alguien desconocido era imposible que esa persona saliera otra vez. Aparte de que uno no trabajaba libremente, porque nos ponían renta [extorsión] y el que no pagaba era amenazado o hasta asesinado», comenta la joven. Cecia recuerda que ser mujer joven, soltera o sola era un gran problema, porque se volvían objetivo de los terroristas, quienes con amenazas pretendían mantener algún tipo de relación.
«Y ya no hablemos con las mujeres que son solteras o que solo vivían con la mamá. Nosotras éramos amedrentadas. No había un hombre en la casa que nos defendiera, entonces nos acosaban bastante. Ahorita, gracias a Dios, estamos bien, trabajamos libremente y si queremos salir lo hacemos sin temor alguno», expresa la muchacha.
«No importaba si usted era el alcalde, aquí todos tenían que pedir permiso para entrar», recuerda la lugareña, quien afirma que el control que tenía la pandilla era tal que hasta el alcalde de San Martín tenía que pedir permiso para ingresar a la urbanización; de igual forma lo tenían que hacer las oenegés que trabajaban en pro de la localidad.
«Ni por ser de prensa o hasta periodistas; a veces tenían que pedir permiso para reportar fallas en el agua o si venían a hacer reportajes. Pero si querían hacer una noticia sobre un muerto no se podía y eso que aquí era el pan de cada día ver muertes, cementerios clandestinos o cosas así. Entonces, por muy reconocido que fuera, usted tenía que pedir permiso para entrar», indica.
Por la corrupción y mala educación de aquellos tiempos en el Centro Esco lar Urbanización Santa Teresa, la joven cuenta que fue cambiada a un colegio ubicado en el centro de San Martín, donde fue marginada por residir en «el corazón de la violencia».
«Antes nosotros éramos marginados, por lo menos yo que estudié allá arriba [San Martín]. Tenía que andar como a la expectativa solo por ser del Proyecto; todos decían: “uy no, qué lugar más feo en el que vivís, ¿cómo podés vivir ahí o [cómo] has aguantado?, ¿por qué venís a estudiar aquí arriba si vivís allá abajo?», recuerda.
Gutiérrez también comenta que fue amenazada por estudiar en una zona contraria a la MS, pues en el centro del distrito dominaba la pandilla 18.
TENÍA PROHIBIDO USAR TELÉFONO
Karen Portillo trabaja para una distribuidora de productos a escala nacional y desde 2018 está a cargo de los negocios en El Proyecto. Ella recuerda que antes de la implementación de la política de seguridad era complicado hacer su trabajo por los peligros que implicaba el ingreso a los lugares controlados por las maras.
Portillo detalla que unas de las reglas impuestas por los grupos terroristas era que no debía portar celulares y atender a los clientes en el menor tiempo posible, con el objetivo de no intercambiar información sobre el lugar.
La trabajadora cuenta que fueron tiempos difíciles porque no podía destinar el tiempo necesario a los clientes, además de que debía estar a la expectativa por cualquier movimiento sospechoso que atentara contra su integridad.
«Hoy se siente diferente, pues el ambiente es más tranquilo, se le puede dedicar más tiempo al cliente, se puede socializar más con el cliente y con las personas que visitan los negocios, cosa que antes era impensable, antes no se podía», enfatiza.
CLIMA DE SEGURIDAD
Josué Mejía, de 29 años, se mudó al Proyecto hace más de dos años para ayudar en el negocio familiar que también está situado en la calle principal. Manifiesta que esa decisión se debió a los cambios en la seguridad, que se acentuaron con el régimen de excepción mediante la captura de los terroristas que delinquían en la zona.
Mejía comenta que antes no visitaba a su familia por el peligro que representaba ser joven y residir en un «territorio rival» al de la MS. «Antes era feo estar aquí. Tenía que pasar encerrado, porque si no ya se acercaban los muchachos [pandilleros] a preguntar que de dónde es uno».
Josué agradece que esos malos momentos se quedaron en el pasado y ahora se mueve libremente por toda la zona, incluso a altas horas de la noche. Además, el negocio creció considerablemente.
Historias como la de sobrevivencia de Cecia, de las mejoras en el trabajo de Karen, de mudanzas como la de Josué y de otras personas que perdieron a un ser querido a causa de la violencia pandilleril se repiten entre los habitantes de El Proyecto, urbanización que por décadas fue sinónimo de muerte, amedrentamiento, acoso y otras actividades ilícitas, Sin embargo, en la actualidad, los habitantes gozan de un buen clima de seguridad, como resultado de la estrategia que ejecuta el Gobierno desde junio de 2019.
