En el proceso penal conocido como «Saqueo Público» la Fiscalía General de la República ha presentado más de 25 peritajes para que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador los valore y admita como prueba y sean debatidos en una eventual vista pública.
La audiencia preliminar se ha reanudado este martes y los fiscales del caso han retomado la exposición del delito de lavado de dinero que le atribuye a 11 imputados que enfrentan la diligencia desde hace más de tres semanas y que se prolongará hasta abril o mayo.
Una de las fiscales del caso dijo que ya han presentado las pruebas recopiladas para el delito de peculado y ahora «estamos desarrollando el tema de lavado de activos», sostuvo la representante del ministerio público.
Agregó que «cuando Fiscalía General de la República promueve acción penal en este caso, ya contábamos con todos los elementos probatorios para poder establecer que efectivamente se habían peculado $351 millones por parte de Mauricio Funes y el grupo de personas que están siendo acusadas».
El expediente cuenta con más de 2,000 documentos y testigos que refuerzan cada una de las acusaciones que se hace a los procesados. La Fiscalía dispone de un testigo criteriado quien ha contado la forma en la que se sustrajeron los fondos de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República.
El testimonio de este criteriado fue de las últimas diligencias que fueron incorporadas los abogados defensores no habían tenido acceso a esa declaración por lo que el juez autorizó que se les entregara para que conocieran la información aportada y así la puedan controvertir.
«Saqueo Público» fue iniciado por la Fiscalía General de la República en contra de 32 imputados entre presentes y ausentes, pero la audiencia preliminar se terminó realizando contra 11 de los acusados, ya que 18 ausentes fueron separados del proceso, una imputada ya falleció.
Regina Cañas o «Tía Bubu», el Juzgado Séptimo de Instrucción la condenó en un procedimiento abreviado a tres años por el delito de casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero, el 23 de marzo del año 2021 y uno de los procesados decidió criteriarse.
La causa penal tiene como principal acusado al expresidente Mauricio Funes, quien junto a su grupo familiar huyó hacia Nicaragua donde el gobierno de Daniel Ortega les otorgó asilo político y luego la nacionalización.
Según el ministerio público, Mauricio Funes, creo una red para sustraer más de $351 millones de Casa Presidencial entre los años 2009 al 2014, período en el cual fungió como presidente.
Los hechos de corrupción documentados en la carpeta judicial fueron llevados a los tribunales el 8 de junio de 2018, cuando la Fiscalía acusó a Funes de haberse apropiado de $351,035,400.
