Por haber asesinados a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a una profesora y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), 32 integrantes de una banda de asaltantes fueron enviados a juicio por 26 atracos en los que robaron $160,000.
En la audiencia preliminar, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador, admitió la prueba presentada en contra de la estructura procesada por los delitos de agrupaciones ilícitas, robo agravado y homicidio agravado.
La agrupación criminal fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022 y entre los procesados están: Misael Alberto Hernández y Aurelio Wilfredo Vásquez, señalados de ser los cabecillas.
Durante la audiencia preliminar el ministerio público expuso que se está frente a una banda con un alto nivel de organización que delinquió en todo el país, entre enero de 2019 y mayo de 2021, en ese período cometieron los atracos y asesinaron a las personas que se opusieron.
Los delincuentes habían desarrollado una serie de habilidades, al grado que podían identificar el monto de dinero que un usuario retiraba por el sonido que generaba el cajero automático al momento de contar el dinero antes de expulsarlo.
Uno de los casos consumados por la estructura fue el 22 de mayo de 2021, cuando asesinaron a una profesora luego de que salió de un banco en Cojutepeque, Cuscatlán.
A la víctima le dieron vigilancia y seguimiento hasta interceptarla y robarle $2,600, la docente se resistió y por eso le dieron un disparo en la cabeza.
La banda también asesinó a un agente de la PNC, el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. El policía había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito producto de un préstamo personal que le habían aprobado.
Otros de los capturados tras la investigación realizada dentro del marco del régimen de excepción son: Edwin Efraín Rodríguez Hernández, Vladimir Fabricio Avilés, Luis Alonso Mejía Hernández, Marvin Antonio Ramírez Hernández, María José Ulloa de Montano y Rosa Elvira Figueroa.
El ministerio público presentó una serie de pruebas que evidencia la participación que los imputados tuvieron en los hechos, hay testimonios de personas que fueron víctimas de robos.
Para acreditar la agrupación ilícita han incorporado análisis de la función y la distribución de roles que cada uno de los miembros de la estructura tenía para ejecutar los atracos.
