Una estructura de 91 terroristas de la facción sureña de la pandilla 18, deberá enfrentar vista pública por una serie de delitos de crimen organizado.
Al finalizar la audiencia preliminar, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, accedió a la petición de la Fiscalía General de la República para ordenar juicio para todos los imputados que estuvieron delinquiendo en el distrito de San Martín.
El ministerio público le detalló al tribunal que los mareros son integrantes de la cancha criminal Santa Elena y San José, así fueron perfilados en una compleja investigación que policías realizaron bajo la dirección de la Fiscalía.
«Este es el caso denominado Siervo y el juez ha resuelto que el total de los imputados que pertenecen a la pandilla 18 pasen a la etapa de juicio, aceptando toda la prueba que fue incorporada por la representación fiscal y lógicamente manteniendo la detención para estas personas», informó uno de los fiscales del caso.
A la estructura le atribuyen 33 homicidios en 27 casos que fueron documentados en toda la etapa de investigación. El ministerio público ha reforzado la causa penal con la declaración de un testigo con régimen de protección, quien formó parte de la estructura criminal y contó cómo consumaron cada uno de los casos y que además conoce a cada uno de los 91 mareros.
En la audiencia los fiscales también incorporaron como prueba adicional, perfiles delincuenciales que especifican los rangos y funciones que cada uno de los pandilleros tienen dentro del grupo terrorista.
Además, fueron anexados, álbumes fotográficos, análisis de grafitis, actas de reconocimiento de cadáveres y actas de labores de investigación y seguimiento hechas a los imputados.
En la resolución del tribunal, a la Fiscalía General de la República le admitieron toda la prueba para que la misma sede judicial la analice de forma íntegra luego de ser discutida en una vista pública que se realizará en las próximas semanas.
Los delitos acusados son: agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, desaparición de personas, privación de libertad y extorsión
A petición fiscal, fue ratificada la detención provisional para 80 de los acusados, mientras que a los ausentes, se les declaró en rebeldía y se ratificó las órdenes de captura.
