El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, efectuó la primera audiencia por el tercer expediente que la Fiscalía General de la República ha judicializado a ocho falsos importadores de vehículos quienes a través de la empresa Venicars han engañado a 1,300 personas.
Venicars, constituida en El Salvador en octubre de 2024, por ocho extranjeros procesados, se perfiló y anunció en redes sociales como una sociedad anónima dedicada a ofrecer compra programada de vehículos, con o sin prima, sin intereses y cuotas fijas.
Funcionaba en el Edificio Century Tower, alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador, lugar desde donde tramaron la masiva estafa a víctimas que pagaran por adelantado considerables cantidades de dinero por vehículos que nunca fueron entregados.
Los afectados han denunciado que los convencieron para que hicieran depósitos de dinero en agencias bancarias y que en un plazo de quince días o tres semanas recibirían los vehículos.
Los acusados son: Daniel Alejandro Guzmán, Gabriel Andrés Ponce Ruiz, Doménica Elizabeth Flores Rodríguez, Mabel Ruth Solís, Bryan José Urbano Salazar, Brayan Alexander Camacho Melean, Francis Dorelys Batson Guzmán y Heidy Jhoanna Álvarez Topón.
La Fiscalía General de la República le atribuye en este tercer expediente los delitos de estafa agravada en perjuicio de 40 víctimas y agrupaciones ilícitas.
En todas las denuncias recibidas las personas estafadas han dicho que se enteraron de Venicars por publicidad divulgada en redes sociales, los extranjeros promovían financiamientos para facilitarles la supuesta adquisición de vehículos.
En este expediente el ministerio público ha solicitado que también se de por iniciada la acción civil para que los estafadores reintegren $30,000 a los 40 afectados.
Cada una de las 40 víctimas de la tercera causa penal entregaron entre $800 y $1,000 en efectivo, dinero que no les regresaron y por eso acudieron a interponer la denuncia.
En los otros expedientes los denunciantes declararon en sede fiscal que a los imputados les hicieron depósitos bancarios desde los $5,000 a $10,000 como adelanto por los vehículos, pero luego informaron que el dinero era para participar en asambleas en las que rifarían las compraventas de los vehículos.
