El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, enjuicia a ocho acusados de integrar una estructura de sicarios y asaltantes que consumaron 21 robos y ocho homicidios, en ocho puntos del país.
En la vista, fiscales especializados han presentado cargos por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Los crímenes y asaltos los perpetraron entre el 2017 y 2022, así lo establecen las pesquisas realizadas por el ministerio público y que llevó a la detención de los imputados en octubre de 2022.
La banda estuvo conformada por expolicías y civiles, entre ellos hay financistas de la organización criminal quienes llegaron a pagar $1,000 y $3,000 por cada homicidio.
Tras ejecutar los crímenes el dinero era repartido en partes iguales entre los miembros de la estructura, señalan las pesquisas. Para cometer los robos utilizaban uniformes policiales para que las víctimas no pusieran resistencia, se hacían pasar como agentes simulando allanamientos y procedimientos en empresas que previamente habían sido ubicadas.
Irrumpían los establecimientos portando pistolas y fusiles, cubrían sus rostros con mascarillas y gorros navarone. La mayoría de atracos los hicieron entre el 2020 y 2022, se llevaron montos que iban desde $58,000 hasta $150,000.
Para ingresar a los negocios, despojaban de sus armas de fuego a los vigilantes de seguridad privada, se las robaban junto a sus prendas personales.
Se menciona que el 18 de diciembre de 2018, asesinaron por encargo a dos personas que se transportaban en una motocicleta en la carretera Panamericana, a inmediaciones del cantón La Loma, jurisdicción de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán.
Otros homicidios ocurrieron entre el 2018 y 2019 en el cantón Las Delicias, de Apopa, departamento de San Salvador y en Jiquilisco, Usulután.
Mediante técnicas especializadas de investigación, la Fiscalía verificó los robos, en ocho casos específicos determinó que tres de los atracos fueron en San Miguel, igual cantidad en Chalatenango, uno en La Libertad y otro en San Salvador.
Los robos fueron en perjuicio de empresas comerciales, entidades financieras y compañías que se dedican a distribuir diferentes productos y laboratorios clínicos, cada uno de los atracos están debidamente documentados.
