Al reanudarse el juicio del exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, la Fiscalía General de la República presentó, este miércoles, la declaración de dos contadoras públicas que auditaron la gestión municipal del imputado.
Una de las peritas, dijo que cuando ella fue auditora gubernamental, junto a una colega fueron citadas al extinto Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador para elaborar una pericia financiera contable de la administración de Miranda y su concejo municipal.
En el examen realizado, las expertas encontraron varias irregularidades, uno de los hallazgos fue la utilización de fondos públicos de forma ilegal. A pregunta de uno de los fiscales, la contadora dijo a la jueza de la causa, que en 2009, el concejo municipal presidido por Juan Miranda Pérez, no aprobó ningún acuerdo de presupuesto para ese año, pese a que la ley establece que es obligación.
Al no tener un acuerdo de aprobación se incurrió en un incumplimiento del Código Municipal, citó la exauditora gubernamental.
El principal hallazgo en la gestión municipal iniciada el 1 de mayo de 2009 y finalizada el 30 de abril de 2012, fue que parte del dinero asignado como parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador (Fodes), fue utilizado para el pago de dietas por un monto de $18,772.
«Ese pago es ilegal porque el Fodes establece que es para realizar proyectos y programas de desarrollo municipal» dijo la perita.
La vista pública comenzó el pasado 11 de febrero y entró en receso para continuar hoy, en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, en contra del imputado acusado por los delitos de peculado [apropiarse de bienes del Estado] y malversación, en perjuicio de la administración pública y de la Alcaldía de Rosario de Mora.
Según el ministerio público, durante la administración municipal del imputado se destinaron fondos de la municipalidad y del Fodes para fines distintos, ajenos al municipio, lo que causó un perjuicio económico de $130,000.
Esa acusación fue reforzada con el peritaje que fue defendido por las dos expertas que se encargaron de elaborarlo.
El defensor del exalcalde, en sus alegatos iniciales dijo al tribunal que no se ha configurado el delito de peculado ya que Miranda Pérez no tuvo ningún beneficio personal y que en todo caso lo que podría haberse dado es una malversación.
