El expediente tiene reserva y solo se conocen generalidades que fueron expuestas por la parte demandante el día que presentó el escrito pidiendo que se le admitiera el proceso.
La pretensión es que el exfuncionario sea condenado a pagar $3 millones, fondos que serán utilizado para financiar becas para estudiantes.
Según los abogados de la Fundación Itexsal, Salgado incurrió en el delito cuando aseveró en rede sociales que los fondos públicos que se entrega a la entidad educativa son utilizados para actividades políticas y no para becas.
Como parte de las pruebas incorporadas al expediente, la fundación Itexsal ha ofrecido las publicaciones de Salgado donde supuestamente aduce que los fondos públicos que se le dan a la fundación son utilizados para actividades ajenas a la institución.
Desde que el caso fue presentado en sede judicial los demandantes solicitaron al tribunal que se decretara reserva total, pese a que el abogado de Salgado a intentado a través de recursos que se pase a una reserva parcial.
Previo a la audiencia el exfuncionario dijo «yo ya estoy acostumbrado a luchar con extorsionadores, extorsionadoras, calumnias, cosas que no existen para querer sacarme dinero, pero tienen que haber pruebas».
Salgado agregó que no ha difamado a Itexsal. «A mi criterio yo no he hecho eso, lo que dije es la verdad, pero el señor juez tiene la última palabra», sostuvo.
La defensa ha cuestionado algunas resoluciones del tribunal y la Cámara Primera de lo Penal, entre ellas con la no admisión de una petición para practicar una pericia que sería utilizada como prueba y que el juez la rechazó.
Asegura también que se afecta el interés del exfuncionario cuando la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, declaró sin lugar una recusación para que el juez fuera separado del proceso.
