El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de prisión a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez por los delitos de incumplimientos de deberes y negociaciones ilícitas.
La Fiscalía informó que durante el juicio se demostró «que la exalcaldesa decidía de forma arbitraria en qué se utilizarían los fondos municipales, priorizando eventos artísticos o fiestas patronales sobre el pago de las prestaciones de ley a los trabajadores municipales». El monto total malversado asciende a $282,621.52 dólares.
Las investigaciones contra la exalcaldesa de Soyapango iniciaron luego las denuncias interpuestas por los mismos empleados de la comuna, quienes señalaron el impago de prestaciones laborales y de salarios durante el 2022.
Según el ministerio público, uno de los imputados, Ricardo Arturo Roque Baires, asistía a las reuniones del concejo y emitía opiniones jurídicas y asesorías, a cambio que la exalcaldesa lo nombrara jefe de transporte. Consta en el proceso que Nercy Montano adjudicó ilegalmente un proyecto a Baires.
La exfuncionaria también era procesada por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación de fondos y de infracción en las condiciones laborales o seguridad social, cargos de los cuales fue absuelta.
El Tribunal detalló que fue absuelta de apropiación o retención de cuotas laborales y de infracción en las condiciones laborales o seguridad social porque se comprobó que la comuna no contaba con liquidez económica para realizar los pagos y que se negocio con las AFP para solventarlos posteriormente.
Mientras que, por el delito de malversación de fondos, los jueces explicaron que para aprobar el aumento del presupuesto para las fiestas patronales, los encargados de hacerlo eran todo el consejo municipal y no la exalcaldesa.
El Tribunal también detalló que Nercy Montano fue condenada a 6 años de cárcel por incumplimiento de deberes y a 4 años por negociaciones ilícitas, para totalizar 10 años en prisión.
Los otros tres imputados acusados por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación de fondos y de infracción en las condiciones laborales o seguridad social quedaron en libertad por orden de los jueces.
