Tras una reunión entre un equipo del sistema del Ministerio de Vivienda, personal de la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia, los representantes de la empresa Global Developers, S.A. de C.V., desarrolladora del grupo Salazar Romero se comprometió a cumplir con ocho acuerdos en favor de las familias afectadas por las inundaciones ocurridas, el pasado sábado, en la residencial Ciudad Marsella 2, ubicada en San Juan Opico, La Libertad.
Uno de los acuerdos, plasmados en un acta, es que la empresa desarrolladora se comprometió a no realizar cobros por abono a crédito, arrendamiento, reserva de vivienda o cualquier otra modalidad de cobro a las familias de los quartiers 10, 11, 12, 13 y 14. La medida es por tiempo indefinido.
«Esta suspensión no genera ningún tipo de interés a favor de la desarrolladora, ni podrá realizar ninguna acción de desalojo, ni gestión de cobro en contra de la persona consumidora», se lee en el acta.
El ministerio de Vivienda aclaró que la medida es para las familias afectas por las inundaciones y para aquellas que realizaban pagos directamente a la empresa constructora, aquellas familias de los quartiers 10, 11, 12, 13 y 14 que tienen créditos con el Fondo Social para la Vivienda o cualquier banco deberán seguir pagando su cuota mensual a la institución con la que tienen el préstamo.
La empresa desarrolladora también se comprometió a pagar el 100 % del costo de los daños en los bienes del consumidor, desde artículos personales, enseres del hogar y vehículos. Lo cual incluye los daños a la vivienda.
«La empresa desarrolladora deberá remitir un informe con el detalle de los acuerdos que han llegado con cada uno de los consumidores, en el plazo de cinco días hábiles», se indica en el acta.
El proveedor además debe finalizar las obras de urbanización y reparar problemáticas de drenajes en los quartiers 10, 11, 12, 13 y 14.
Global Developers, S.A. de C.V. también se comprometió a que todo el monto cancelado por las familias en concepto de «Abono a crédito», «Arrendamiento», «Reservar» o cualquier otra modalidad de cobro, será abonado al monto de capital del crédito o del valor de la vivienda, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir del 12 de enero de 2026. La empresa debe enviar a la Defensoría del Consumidor la evidencia de la aplicación a cada una de las cuentas de los consumidores afectados.
Respecto a la suspensión de licencias para construcción, el acta estipula que la empresa desarrolladora se da por enterada que han quedado suspendidos los procesos de aprobación de permisos de construcción y parcelación a nivel nacional, tanto en trámite como finalizados.
«Al grupo empresarial Salazar Romero, que comprende, entre otros: Global Developers, S.A. de C.V. y sus empresas aliadas, esto hasta que se haya realizado la respectiva verificación técnica, que constate que se han realizado las obras definidas por el Ministerio de Vivienda», se lee en el acta.
Además, la empresa desarrolladora se comprometió a no iniciar el proceso constructivo de nuevos proyectos a nivel nacional, a excepción de aquellas obras de mitigación necesarias a fin de evitar futuros siniestros.
En relación a los casos en los que las familias desistan del contrato, la empresa desarrolladora se comprometió a realizar la devolución de los pagado y realizar la terminación del contrato, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, debiendo indemnizar por los daños causados en los enseres del hogar, objetos personales, vehículos y otros.
